La Argentina retomó la denuncia contra Venezuela por violación a los derechos humanos
La demanda había sido hecha en 2018, por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina. La gestión de Alberto Fernández se retiró en el 2021.
La Cancillería anunció este viernes el regreso de Argentina a la denuncia hecha en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, contra Venezuela por la presunta sistemática violación de derechos humanos.
La gestión de Alberto Fernández había decidido retirarse en marzo del 2021, una medida que fue celebrada por el gobierno de Nicolás Maduro.
"En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021. Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país", anunció la cartera a cargo de Diana Mondino.
Vale recordar que la demanda había sido presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada por Mauricio Macri– en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
Sin embargo, en marzo de 2021, la gestión de Alberto Fernández retiró su apoyo a la demanda.
LA DENUNCIA
La denuncia fue presentada en base al informe elaborado por expertos internacionales independientes convocados por la OEA que durante nueve meses recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de DD.HH.
El informe de 489 fojas analizó también agresiones contra dirigentes opositores al régimen, "patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas". Todas "herramientas" utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano.
El documento incluyó 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA; decenas de relatos de testimonios de víctimas y familiares de víctimas e informes entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
El informe concluyó en que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas; identificó 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder luego de la muerte de Hugo Chávez.
Además, mencionó que hasta ese entonces habían sido detenidas más de 1.300 personas por su posición política contraria al régimen de Maduro. En efecto, señala "un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela.
