Diputados libertarios visitaron a Astiz y a otros condenados por delitos de lesa humanidad

En una controvertida actividad, seis diputados nacionales del partido La Libertad Avanza visitaron recientemente la cárcel de Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad. 

La visita generó una fuerte polémica y un rotundo rechazo de las organizaciones de derechos humanos, poniendo en debate una vez más las posturas sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en Argentina.

Se trata del primer encuentro institucional de este tipo desde el retorno de la democracia y fue protagonizado por un grupo de seis diputados nacionales pertenecientes al bloque oficialista. 

El encuentro fue organizado por el legislador Beltrán Benedit, de Entre Ríos. Lo acomapañaron sus pares Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci. 

Las visitas incluyeron a militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, entre otros.

Desde el bloque oficialista argumentaron que se trató de una "visita humanitaria" con el objetivo de "ver las condiciones de vida" de los represores, condenados por diversos crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, robo de bebés y violaciones, entre otros.

Al respecto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclaró que la visita "no es representativa del Gobierno ni del bloque" de La Libertad Avanza, sino que formó parte de una "agenda personal" de los participantes. 

Sin embargo, el uso de una camioneta oficial y recursos del Congreso desmiente estas declaraciones.

Por su parte, Beltrán Benedit defendió la visita: "Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional".

Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) también difundió un comunicado en el que repudiaron la visita que realizaron diputados de la Libertad Avanza "a un grupo de represores condenados por hechos aberrantes y que están detenidos en una Unidad del Servicio Penitenciario Nacional".

Los represores que recibieron visitas

Alfredo Astiz, conocido como el "ángel exterminador", cumple condena a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos. Entre sus víctimas están tres Madres de Plaza de Mayo que en 1977 buscaban a sus hijos desaparecidos; también las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

Astiz fue conocido por infiltrarse en un grupo de familiares que denunciaban desapariciones forzadas. Se hacía pasar por el hermano de un desaparecido bajo el nombre de Gustavo Niño mientras reportaba información al grupo de tareas que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Fue el encargado de organizar el secuestro y desaparición de doce activistas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. Entre ellos, estaban las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, así como las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet junto con otros familiares y amigos. Los doce fueron llevados a la ESMA y arrojados al mar en un vuelo de la muerte el 14 de diciembre de 1977.

Raúl Guglielminetti, alias "El Mayor Guastavino" se desempeñó como agente del Centro Clandestino de Detención "Automotores Orletti", donde aplicó torturas a los detenidos y llegó a ser custodia del presidente Raúl Alfonsín gracias a una maniobra de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que lo había infiltrado.

Durante la última dictadura cívico militar, Guglielminetti perteneció al Grupo de Tareas que tenía su base en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, relacionado con operaciones del Plan Cóndor y bajo el mando de Aníbal Gordon. A partir de 1978, condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE), que organizó la colaboración del régimen militar argentino en la denominada Operación Charly. Además, integró la denominada "Banda de Aníbal Gordon", por lo que fue relacionado con el secuestro y asesinato del empresario y banquero Osvaldo Sivak en 1985.

En septiembre de 2016, Guglielminetti también recibió una condena de ocho años de prisión por su participación en delitos aberrantes en el centro de detención "La Escuelita", ubicado en la provincia de Neuquén.

Carlos Guillermo "Pajarito" Suárez Mason está condenado a prisión perpetua por delitos cometidos durante la última dictadura militar cuando actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Fue jefe del Primer Cuerpo de Ejército y responsable del funcionamiento de más de 60 Centros Clandestinos de Detención y Tortura. Se lo acusó formalmente -entre otras muchas cosas – de más de doscientos secuestros, treinta homicidios y apropiación de hijos de desaparecidos. 

En 1987 el Gobierno argentino del entonces presidente Raúl Alfonsín pidió la extradición de Suarez Mason desde los Estados Unidos El pedido argentino lo señalaba como "autor responsable de homicidios agravados por alevosía reiterados, privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias reiteradas: tormentos reiterados: tormentos seguidos de muerte; robos reiterados; sustracciones de menores; reducción a servidumbre; usurpación; secuestros extorsivos, supresión de documento público".

Según datos relevados por el Ministerio Público Fiscal apenas un tercio de las personas investigadas por delitos de lesa humanidad se encuentran detenidas. En diciembre del 2022, estaban detenidos 717 sobre 2.223 y menos del 25% de ellos están en una cárcel común: el resto cumple en su hogar la prisión preventiva o su condena.