La Justicia falló contra el Gobierno en la causa por el reparto de alimentos: ¿Qué definieron?
Los jueces federales confirmaron la cautelar de Casanello, quien había ordenado al Ministerio de Capital Humano que informe cómo será la distribución de las más de 5 mil toneladas de alimentos almacenados.
La Cámara Federal confirmó la medida dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, y confirmó que el Gobierno deberá presentar un plan de distribución de las más de 5.000 toneladas de alimentos almacenados en galpones del Ministerio de Capital Humano. La ejecución deberá ser inmediata.
La medida de Casanello había sido dictada la semana pasada y el Gobierno apeló. Luego se produjo una escandalosa audiencia con las partes, en la que el dirigente Juan Grabois y la responsable legal de Capital Humano, Leila Gianni intercambiaron insultos y chicanas.
El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes condujeron la audiencia del martes.
Además, los jueces hicieron un llamado de atención a Grabois y Gianni por sus comportamientos y fueron denunciados ante el Colegio Público de Abogados, ya que ambos comparten esa profesión.
La apelación del Gobierno se había presentado bajo los argumentos de que la medida de Casanello significaba una "intromisión" del Poder Judicial en las políticas públicas del Ejecutivo, alegando que la ejecución de las políticas de seguridad alimentaria son competencia del Ministerio de Capital Humano. En la oportunidad, Gianni trató a Casanello de "juez militante" y dijo que "ningún juez" le iba a decir al Gobierno cómo proceder.
Los jueces federales rechazaron esos argumentos y apuntaron contra el ministerio que conduce Sandra Pettovello por haber dejado vencer el plazo fijado por Casanello sin presentar un plan de distribución ni pedir una prórroga.
"La decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse -como pretende la recurrente- que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado: no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos ", señaló Irurzun en el fallo.
El juez subrayó que los alimentos almacenados, en un contexto de crisis alimentaria, "exigieron acciones rápidas para evitar que el devenir procesal del expediente torne imposible su posterior utilización".
Por su parte, Farah, en su voto, se refirió a la situación de la audiencia como "un espectáculo lamentable", y respaldó a Casanello: "el juez demostró la intención de esperar a que el Ministerio de Capital Humano presente su propia propuesta de distribución de tales alimentos, para analizar -después de presentada- su razonabilidad en función de los derechos constitucionales en juego".
