Se cumplieron dos años de la sentencia por la Masacre de Napalpí, un hito en el reconocimiento del genocidio a pueblos originarios
El proceso judicial fue un punto clave en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia ante el genocidio Indígena cometido por el Estado argentino.

El 19 de mayo de 2022 la Justicia Federal del Chaco consideraba a la masacre ocurrida el 19 de julio de 1924, conocida como Masacre de Napalpí, como un crimen de lesa humanidad cometido en el marco del genocidio de pueblos originarios.
El juicio y la Sentencia marcaron un precedente histórico, al convertirse en el primer debate oral y público y la primera sentencia firme sobre el genocidio cometido por el Estado argentino a los pueblos indígenas.
El proceso judicial tomó como antecedente a los juicios por la verdad de los años 90, cuando estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida, y permitió la reconstrucción de la verdad a pesar de no poder tener imputados formalmente, ya que en el caso de Napalpí todos los responsables fallecieron hace varias décadas.
La jueza federal Zunilda Niremperger dictó la sentencia, que definió "declarar la responsabilidad del Estado Nacional Argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de la Masacre de Napalpí, con la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal, asesinando entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqoit y Qom, y por el delito de reducción a la servidumbre en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco. Considerándolos crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas…".
El juicio se extendió durante los meses de abril y mayo de 2022, durante siete audiencias por las que testificaron 60 testigos, 30 de ellos indígenas que fueron parte del proceso de reconstrucción de la memoria histórica de los pueblos indígenas Qom y Moqoit, entre ellos el historiador Juan Chico, los sobrevivientes Melitona Enquirez , Rosa Chara , Pedro Balquinta y Rosa Grilo , hijos y nietos de sobrevivientes y docentes bilingües que trabajaron en la reconstrucción histórica .
Los otros 30 testigos fueron investigadores de Universidades públicas y del CONICET entre los que se encontraron historiadores, antropólogos, sociólogos, archivistas, periodistas, y escritores, que trabajaron en investigaciones científicas claves en la reconstrucción de la masacre o de cuestiones directamente vinculadas o de contexto.
Relatores de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay , consideraron la importancia y la perspectiva internacional de la jurisprudencia sentada .
El Juicio fue oral y público, tuvo una gran cantidad de asistentes, con una importante participación de las comunidades de los pueblos víctimas Qom y Moqoit y además se transmitió y quedó publicado en los canales de YouTube del Poder Judicial de la Nación y del Gobierno del Chaco.
El proceso tuvo una amplia repercusión en todos los medios nacionales de argentina, con un especial seguimiento de la TV Pública, Radio Nacional, radios de las Universidades públicas del país y programas especializados en DDHH .
También tuvo eco , en la prensa mundial como en los Diarios Le Figaro y France Presse de Francia , El País de España , The Guardian y BBC News de Inglaterra , RT de Rusia , RTE de Irlanda , AP News de EE UU , Cadena Al Jazeera de Qatar , entre muchos otros.
El fallo judicial, además de condenar al Estado Argentino, contempló una serie de medidas de reparación integral que tienen como ejes el Derecho a la Verdad, el ejercicio de la Memoria, la no repetición de hechos de esta naturaleza y la reparación integral.
Asimismo el juicio y la sentencia visibilizaron los procesos de despojo relacionados al genocidio Indígena y la dimensión de las consecuencias culturales, económicas y territoriales que perduran hasta el presente.
