La Justicia argentina ordenó una investigación sobre los crímenes de Maduro por ser "de extrema gravedad"
El juez Mariano Llorens pidió que "se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad".
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó este viernes reabrir una investigación por las responsabilidades que podría tener la dictadura de Nicolás Maduro en crímenes y violaciones de derechos humanos en Venezuela. Según el fallo de la Sala I, los delitos son "extrema gravedad" por lo que hay que actuar sin "dilación ni demora" para proteger a los "amplios sectores de la población civil". La causa regresará al juez Sebastián Ramos.
"Corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento", expresaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Además, el fallo ordenó llevar adelante todas las diligencias impulsadas por el fiscal Carlos Stornelli "con celeridad" por ser "imprescindibles para contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano". Y "en caso de hallarse reunidos los requisitos legales", solicitan llamar a indagatoria a los imputados.
Entre los imputados se encuentran nombrados "Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables". Solicitan que "se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad". En la causa deben establecerse "todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata".
Por una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney en Comodoro Py, en julio pasado el fiscal federal Carlos Stornelli llevó adelante una investigación para determinar si la dictadura comunista violó los derechos humanos en Venezuela.
Entre otras medidas, el fiscal solicitó informes a jueces y fiscales del país caribeño, y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La denuncia expresaba: "Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal", y contenía pruebas sobre la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en los crímenes de lesa humanidad contra opositores.
Integrantes de la jerarquía de la Guardia Nacional Bolivariana fueron imputados por Stornelli, pero según la denuncia, las autoridades judiciales venezolanas se negarían a investigar a "eslabones de la cadena de mando de Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno".
Los jueces Bruglia y Bertuzzi señalaron sobre la denuncia que "los hechos denunciados en la presente causa revisten características de extrema gravedad y generarían eventuales lesiones a derechos humanos fundamentales que obligarían a la habilitación de la protección universal de los mismos".
Aseguraron que "el momento excepcional de emergencia y sobre todo que los sucesos devenidos en las denuncias aquí acumuladas podrían ser novedosos, distintos e incluso exceder aquellos que podrían integrar la materia cuyo alcance forma parte actualmente de los hechos denunciados y tramitados ante la Corte Penal Internacional".
Por tal motivo, "sin perjuicio de futuros planteos o cuestiones vinculadas con temas de "doble persecución" que puedan ser resueltos en un momento más avanzado y oportuno-, corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento", afirmaron.
El juez Mariano Llorens, por su parte, remarcó la "nitidez del relato" de las víctimas de "persecución y asesinato de familiares, en un contexto que es público y repercute más allá de las fronteras territoriales- en manifestaciones ocurridas en Venezuela a principios de 2014", en donde no se investigaron las responsabilidades políticas por lo sucedido.
Indicó que no se nota "de modo irrefutable, la apertura y el encuadramiento de la investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional". Pidió acelerar "el proceso buscando canales comunicativos directos y más ágiles con la CPI, para incorporar toda la prueba y cualquier otro documento que sea imprescindible para la causa y lograr la impostergable tutela judicial efectiva de aquellos que peticionan la protección de sus derechos".
"En ese sentido es impostergable que el juez resuelva la petición de convocar a declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables y se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que fueran denunciados en las presentes actuaciones", añadió Llorens.
