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EN LA CAUSA POR LA EXPROPIACIÓN

YPF: la jueza Preska no aceptó el pedido de no activar embargos

La magistrada de Estados Unidos rechazó la solicitud del Gobierno argentino, y ahora el país podría empezar a sufrir embargos en el exterior.

En 2012, el Gobierno kirchnerista acordó que le iba a pagar U$S 5 mil millones en bonos a Repsol (que hasta ese momento controlaba a YPF) por la expropiación del 51% de la empresa.

La Justicia de los Estados Unidos rechazó el pedido de prórroga del Gobierno nacional para presentar garantías por el juicio por la expropiación de YPF, y confirmó el 10 de enero como fecha límite para brindar garantías de pago.

En ese marco, ante la falta de avales, el país está en condiciones de sufrir embargos de sus activos en el exterior.

Así lo determinó la jueza Loretta Preska, quien no hizo lugar al pedido de extensión en los plazos, tal como lo había planteado el lunes pasado el estudio Sullivan & Cromwell LLP, que representa a la Argentina en el caso por la estatización impulsiva del 51% de las acciones de la petrolera estatal durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Vale recordar que la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, por un reclamo judicial por la expropiación de la compañía. 

En su respuesta, la letrada aseguró que, pese a "simpatizar con la magnitud de los desafíos financieros" del país, se "demuestra" que el Ejecutivo "no ha tomado, y supuestamente no puede tomar, medidas para el pago y que no tiene un cronograma para hacerlo".

"La República argumenta que las "circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de las líneas de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y la inflación que ahora se acerca al 200%" aconsejan no aceptar la moción de los demandantes. Si bien el Tribunal simpatiza, la propia admisión de la República de falta de acceso a los fondos desmiente su argumento", agregó el escrito.

A partir de esta determinación, Burford Capital, que compró el derecho a litigar del Grupo Petersen: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, compañías argentinas que poseían acciones por el 25% de los títulos, está en condiciones de solicitar embargos por un monto total de U$S16 mil millones.