Constitucionalidad versus inconstitucionalidad

Anoche, en un programa de LN+ con la presencia de un abogado constitucionalista y una abogada diputada, tuve la oportunidad de presenciar una discusión sobre la validez del DNU dictado por el Presidente de la Nación actual, en curso de ejecución.

Del debate suscitado, paso a destacar lo siguiente: en primer lugar, debemos preguntarnos si los DNU como institutos jurídicos son todos, por naturaleza, inconstitucionales. Si esto fuese así, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional debería ser privado de todo efecto por el máximo tribunal del país y, que yo sepa, la CS nunca se ha expedido en este sentido. Ergo, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional sigue siendo una ley constitucional en vigencia.

En segundo lugar si en dicho DNU recientemente dictado se hallan suficientemente justificados los extremos de necesidad y urgencia exigidos por la norma  constitucional, puesto que la nación hoy se debate entre el abismo más oscuro (por la ausencia de moneda propia con verdadero valor de cambio, sin reservas genuinas que hagan sustentable cualquier recuperación productiva seria, ausencia manifiesta de crédito interno y externo, pobreza extrema de gran parte de su sociedad, estancamiento notable sin visos de solución en el aparato productivo nacional, etcétera); o bien, quedar presos de una anarquía irracional que aniquile toda posible esperanza como sociedad organizada.

De estos dos extremos, cualquiera sea el que ocurra, a no dudar, llevará a los argentinos a un final sin sentido y de mucho dolor. Si este cuadro no justifica la necesidad ni la urgencia de dar a la República lo que la República necesita, entonces cabría preguntarnos: ¿cuál debería ser el grado de declive que sí lo justifique?

Por otra parte, el ordenamiento jurídico vigente prevé, de forma expresa, el camino a seguir para la aprobación de todo DNU que dicte el presidente, dando intervención especial a una Comisión Bicameral para su estudio y eventual rechazo conjunto, en caso de observarse falencias que justifiquen su no aprobación. Por el contrario, de aprobarse el DNU tal cual fue concebido, éste igualmente  queda expuesto a la revisión del contenido por ambas Cámaras del Congreso, y en  última instancia, a la revisión judicial de constitucionalidad en aquellos supuestos de agravios a intereses legítimamente fundados por cada agraviado en particular.

Si el DNU -como instituto jurídico vigente- no resulta conveniente o es considerado un aborto de la naturaleza o un tumor maligno por algunos estudiosos del derecho, cabe destacar que nada ni nadie podrá privar a aquellos disconformes de poder peticionar ante la justicia, en caso de concretos y legítimos agravios, la declaración de inconstitucionalidad del artículo del DNU en juego.

Así se encuentra hasta hoy consagrado el sistema vigente de nuestra República. Por ende, ningún atajo resulta válido en cuestión de leyes, aunque nos duela, si con ello lo que hacemos es alterar el orden jurídico vigente mediante remedios anticonstitucionales.