¿Cómo sigue la situación judicial del intendente Franco Ciucci?
Según indicaron desde la querella, esta semana se deberá dictar la prisión preventiva para el jefe comunal de la localidad.
La Cámara de Apelaciones, Civil, Comercial y Laboral de Charata admitió el recurso de apelación interpuesto por la querella, sobre la situación judicial del intendente de General Pinedo, Franco Ciucci.
De esta manera, dispuso que oficie el Juez Civil y Comercial N° 6 de Resistencia, a efectos que decline su competencia.
El abogado Aldo Cabaña, quien actúa en la causa como querellante junto a Facundo Cabaña, sostuvo que "después de una larga ofensiva judicial, obtuvimos el derecho que venimos sosteniendo desde el inicio de las investigaciones al intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, de que la acción de amparo prevista en el artículo 19 de la Constitución Provincial, se puede deducir ante cualquier juez letrado, sin distinción de fuero o instancia ni formalidad alguna, siempre que fuere del lugar en que el acto tenga, deba o pueda tener efecto".
"Desde el inicio nos opusimos a la incompetencia de cualquier otro Juzgado que no fuera de la cuarta circunscripción judicial y con seguridad vamos a resolver también que toda la investigación fue desarrollada por el Concejo municipal, en el marco de la legalidad, y que nunca han existido las pretensas irregularidades a la investigación que pusieron de manifiesto los dos concejales que acudieron a la justicia en Resistencia", sostuvo el letrado.
A ello debe sumarse que, en el curso de la semana, el Fiscal de Investigación Penal N° 3 de Charata tiene cumplido los términos para el dictado de la prisión preventiva , conforme las previsiones del articulo 345 y 289 del Código Procesal Penal, ya que el intendente Ciucci está imputado de delitos de acción pública que son reprimidos con pena privativa de la libertad y la condena de ejecución condicional.
"Se agotaron los plazos, no hay margen para que se destape el velo de la justicia", concluyó Aldo Cabaña.
Al jefe comunal se le imputa la presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta. Sin embargo, el mismo se abstuvo de declarar.
