Municipales denuncian un "operativo retirada" de Gustavo Martínez
Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales advierten a la comunidad que el intendente de Resistencia está "acomodando todo", en caso de que no siga al mando.
El líder del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, advierte a las autoridades de la Provincia, a los organismos de contralor, así como a la ciudadanía en general, sobre un posible "operativo retirada" que se estaría produciendo en la Municipalidad de la capital del Chaco. Además, denuncia maniobras irregulares en la administración municipal.
A través de un comunicado de prensa, el dirigente de los municipales dice tener pruebas y denuncias de empleados municipales de distintas áreas, sobre que el actual intendente, "Gustavo Martínez, estaría realizando reestructuraciones, creaciones de cargos, designaciones discrecionales a amigos, familiares y afines, como también pases a plantas permanentes en masa en el municipio".
"Esto no solo significaría un colapso en las arcas del municipio, sino también que llevarían a una cesación de pago de los salarios de los trabajadores y un inminente problema que afectaría a los vecinos de Resistencia, por un cese también de servicios en la ciudad", señala el dirigente.
"Martínez ya venía especulando con este plan de retirada en el municipio. Por eso, hace más de tres años jubiló de oficio al empleado municipal, dejando estructuras acéfalas, manejadas por funcionarios políticos de la gestión", agrega.
Con complicidad de algunos directores de la parte legal y administrativa, Sampayo denuncia que "las maniobras consisten en fraguar los números de las Resoluciones y sus fechas, haciéndolas anteriores a las elecciones de intendente, como ya ocurrió en distintas áreas, donde el jefe comunal tenía que designar en cargos importantes del municipio a personas que no poseían carrera y ni siquiera pertenecían al municipio, antes de asumir su gestión en el 2019".
De esta forma, la máxima autoridad del Sindicato de Trabajadores Municipales advierte y pone en conocimiento a las entidades de contralor y a la opinión pública sobre estos actos, "que más que un fraude a la administración, estarían encuadradas en un delito penal, agravado por la función pública", concluye.
