Un policía fue separado del cargo por una denuncia por violencia de género
Ante el hecho, se inició un sumario administrativo al efectivo involucrado, con separación de sus funciones y retención de haberes.
Un efectivo de la Policía del Chaco fue separado preventivamente de su cargo, con retención de haberes, por un caso de violencia de género contra una mujer, también integrante de la fuerza.
Así lo dispusieron la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Órgano de Control Institucional (OCI).
De acuerdo al informe del OCI, al tomar conocimiento de las agresiones ejercidas por el empleado policial, que son de público conocimiento, y al no haber denuncias formales por el hecho, el Jefe de Policía Ariel Acuña ordenó al Departamento Violencia Familiar y Género que se realice una actuación de oficio.
A la par, se iniciaron también actuaciones judiciales en contra del empleado policial y se abrió una Información Sumaria Administrativa en carácter de sumarísima, conforme lo establecido en la Ley N° 2141-J.
Siguiendo lo establecido por esa norma, se retuvo el arma reglamentaria a ambos efectivos policiales, considerando además la situación de convivencia.
INTERVIENE LA JUSTICIA
La intervención judicial está a cargo de la Doctora Rosana Soto, que se encuentra subrogando la Fiscalía Especial en Temáticas de Género, quien ya tomó las primeras medidas preventivas en el caso.
Paralelamente, por orden de la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, el OCI inició de oficio un Sumario Administrativo al efectivo policial. Como medida preventiva las autoridades del OCI resolvieron separarlo del servicio con retención de haberes.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se intervino siguiendo el protocolo en casos de violencias por cuestiones de género. Es así que a través de la representación de la abogada Alma González, perteneciente al programa de Litigios Estratégicos, se intentó tomar contacto con la víctima con el fin de ponerse a disposición desde el organismo para ofrecer asesoramiento legal.
En esta oportunidad, la mujer involucrada en el hecho optó por no llevar adelante acciones legales contra su agresor. Si bien la familia de la misma tomó contacto con el equipo de la Secretaría solicitando asesoramiento, el delito de lesiones es de acción pública pero de instancia privada, lo cual quiere decir que el Estado investiga lo sucedido, pero esto debe ser impulsado por pedido de la víctima, más allá de la intervención que solicite su familia o algún tercero.
De acuerdo a los detalles brindados por la Fiscalía 9, la víctima fue debidamente informada de las herramientas legales, de asistencia y contención con las que cuenta, pero esta dejó en claro que no desea accionar penalmente ni avanzar en causa legal alguna.
