Escribanos repudian que la directora pague los costos políticos del RPI

Luego de la intervención del Registro de la Propiedad Inmueble, y ante el "silencio" del Colegio de Escribanos, los profesionales Horacio  Belbey, María de las Mercedes Marinich y Heriberto Fabián Regojo emitieron su opinión."En el marco de una disputa gremial entre los empleados del RPI y su empleador el Estado Provincial, el sábado 12 de octubre de 2013, la subsecretaria de Asuntos Registrales Noelia Canteros sustrajo del mencionado organismo más de 150.000 Folios Reales Matriculas correspondientes a los inmuebles de 12 departamentos provinciales. Todo ello en forma irregular, desordenada y clandestina (sin inventario previo, ni notificación alguna a la Dirección, y en día inhábil administrativo). Siendo las matriculas trasladadas a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se encuentran actualmente", señalan en primer término recordando los hechos que llevaron al conflicto."Cabe considerar que el hecho antes señalado en modo alguno puede considerarse o constituir el ´desdoblamiento del Registro de la Propiedad Inmueble´ con miras a mejorar  el  funcionamiento del servicio que debe prestar a sus usuarios", acotan.Asimismo, los escribanos entienden "para que  un Registro de la Propiedad Inmueble aspire a funcionar como tal (por distrito o jurisdicción), debe contar previamente con estructura orgánica suficiente, personal capacitado, circuito documental administrativo, infraestructura edilicia, entre otros, actualmente la sede Sáenz Peña, cuenta con un grupo reducido de personal, desbordado en su trabajo y sin directivas expresas (organigrama) que regulen el normal funcionamiento del mismo"."A más de ello, cabe considerar que la documentación fue sustraída en forma incompleta, atento los planos, tomos de departamentos y matrículas de departamentos que fueron trasladadas y que ocasionalmente estaban siendo utilizadas, continúan aún en el Registro de la Propiedad de Resistencia", agregan como dato.Pedido de los escribanos a las autoridadesEn ese sentido, se señala que el pasado 23 en reunión ampliada del Colegio de Escribanos, por mayoría se decidió que, ante las falencias en lo que refiere a la seguridad jurídica, demora en la expedición de certificados e inscripción de títulos,  institucionalmente se requiera  a las autoridades pertinentes la vuelta de las matrículas a la sede del Registro de la Propiedad Inmueble  de la ciudad de Resistencia y la descentralización de la publicidad registral mediante delegaciones a crearse en el interior de la Provincia, no solo en Sáenz Peña, sino también  en las cabeceras de departamentos ( lo que implica centralización de la documentación física y descentralización de la publicidad registral."Aclaramos que no cuestionamos la voluntad política ni la conveniencia o no de la subdivisión del RPI, sino el modo irregular e injustificado en que se llevó a cabo  el "desdoblamiento", en violación de las normas procedimentales y las medidas de seguridad que la naturaleza de la documentación transportada ameritaba. De lo narrado surge, y a nuestro criterio, que se trató de una mera estrategia para desestabilizar a los empleados sin medir las consecuencias jurídicas", explican Horacio  Belbey, María de las Mercedes Marinich y Heriberto Fabián Regojo. RepudioAsimismo, a mérito de lo señalado los escribanos repudian "el modo en que fue llevado adelante el acto administrativo por la subsecretaria Canteros, por consistir un atentado a la seguridad jurídica, perjudicando el tráfico inmobiliario de los últimos 6 meses".Además lamentan que se separe del cargo de directora, la doctora Lilia Noemí Diez,  directora por concurso del Registro de la Propiedad Inmueble, resaltan.Y mencionan que se trata de "una profesional con una reconocida trayectoria en Derecho Registral e Inmobiliario y funcionaria calificada moral, técnica e intelectualmente para dicho Organismo".Para los profesionales el problema en el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble obedece "a los hechos apuntados al inicio y de ninguna manera al obrar de la Directora,  a quien injustamente se quiere hacer pagar el costo político del irregular proceder de otra funcionaria". "Ante el silencio injustificado del Colegio de Escribanos, quien a la fecha ni siquiera ha desmentido la  participación en el traslado de las matrículas (imputación realizada públicamente),  es que nos vemos obligados a efectuar la presente aclaración, a fin de reafirmar los principios que dan sustento al ejercicio de  nuestra función pública", acotan por último.