Abogados afectados por los paros en la Justicia

Ante "la renovada situación de afectación al normal y permanente servicio de justicia, como consecuencia de los reclamos salariales de los trabajadores judiciales", el Colegio de Abogados de Sáenz Pena, el Colegio de Abogados de Charata, el Colegio de Abogados de Castelli, el Colegio de Abogados de General San Martín, el Colegio de Abogados de Resistencia y el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia, dieron a conocer su posición.Por medio de un comunicado expresan "preocupación por la corriente omisión en que se incurre en el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, vital para el adecuado funcionamiento del Estado Constitucional de Derecho y el sistema republicano de gobierno". "El funcionamiento disminuido del Poder Judicial se traduce en la extensión peligrosa de la ausencia o la reducción de la eficacia, aunque sea parcial y temporal, de las garantías institucionales concebidas y dispuestas para hacer efectivos los derechos y las libertades reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos que comparten su jerarquía suprema", señala también el escrito. "Debe entenderse que el Poder Judicial desempeña una función de gobierno que es tan elemental y necesaria como la que despliegan en sus respectivas órbitas el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por lo que su afectación significa también una alteración perniciosa de la estabilidad institucional y un menoscabo nocivo de la capacidad gubernamental para brindar respuestas a los requerimientos de la sociedad gobernada", agrega. "Por ello, la paralización del servicio de justicia no puede ser tomada como un conflicto sectorial que solo afecta a un grupo determinado de personas sin repercusión para el resto de los chaqueños", asevera. Ante ello solicitan a todos los Poderes que componen el Estado Provincial y a los sectores especialmente involucrados en el conflicto colectivo, "a tomar razón de la gravedad inusitada del conflicto, así como también de la amenaza que representa para quienes necesitan obtener acceso a la tutela judicial, generando esta omisión la posibilidad de incurrir en privación de justicia lo que podría además provocar responsabilidad internacional para el Estado argentino por el incumplimiento de obligaciones asumidas en los Tratados y Convenciones de Derechos Humanos que forman parte de nuestro orden constitucional supremo". Por todo lo expuesto los abogados convocan a las máximas autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y  Judicial, y a los responsables de la conducción gremial de los trabajadores "a enfrentar la situación de conflicto mediante el diálogo responsable y la negociación racional, procurando encontrar la salida que permita la restitución sin mayor daño del pleno funcionamiento del Servicio de Justicia en la Provincia del Chaco". "Como representantes de un sector directa y perjudicialmente afectado por la paralización del Poder Judicial, nos ponemos como siempre, a disposición de las autoridades y los trabajadores implicados para encontrar juntos y consensualmente la solución satisfactoria que conduzca a la superación del conflicto", finaliza el escrito.