Sánchez propone rinoscopía obligatoria para todos los funcionarios

El presidente del Bloque Justicialista, diputado Ricardo Sánchez,  presentó en rueda de prensa, el Proyecto de Ley Nº 3054/14 que lleva su firma junto con sus pares Elda Pértile y Carlos Beltrán, a través del cual instituye con carácter obligatorio para los integrantes de los tres Poderes del Estado Provincial y otros organismos que detalla, la obligatoriedad de realizarse exámenes médicos y/o bioquímicos pertinentes para analizar y diagnosticar el consumo de drogas ilegales en todo su espectro. El anuncio lo hizo en la mañana de hoy desde la sala de Labor Parlamentaria de la Legislatura chaqueña.El diputado Ricardo Sánchez explicó que "es un tema que lo venimos conversando con algunos legisladores desde algunos meses, en la necesidad de dar un mensaje muy claro desde la clase política en orden a la cuestión vinculada con la droga y el narcotráfico y en virtud de ello la presentación  de este proyecto de ley que tiene que ver con un examen médico y bioquímico obligatorio para todos los estamentos del Estado Provincial".Detalló que el proyecto alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de Organismos Centralizados o Descentralizados, Autárquicos, Vocales, integrantes de Directorios o equivalente; a todos los legisladores provinciales; a todos los  ministros del Superior Tribunal de Justicia, todos los jueces de la provincia, incluidos los jueces de paz – que son la primera trinchera judicial que tenemos en cada una de las localidades .También alcanza a integrantes de Organismos Constitucionales; integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento; Fiscalía de Investigaciones Administrativa y Defensoría del Pueblo;  al jefe de la policía, subjefe, secretario de seguridad y al jefe del Departamento de Drogas Peligrosas  de la Policía Provincial, como así también al jefe y subjefe del Servicio Penitenciario Provincial; como así también los intendentes y concejales de la provincia.Aseguró: "creemos  con esto que todo el espectro de la clase política y las más altas jerarquías de funcionarios puedan con un mensaje muy claro, como es la realización de este examen, que por allí se llama comúnmente rinoscopia, pero en realidad es un examen amplio, que se va a realizar, no solo respecto de cocaína, sino cualquier tipo de droga ilegal".Precisó que "a partir de allí con este examen pueden pasar dos cosas: lo que esperemos que pase, que el funcionario no tenga adicción a drogas ilegales,  o puede ser que al funcionario se le determine una adicción".Continuó "determinada una adicción, - establecemos una diferencia - entre los que tienen mandatos constitucionales, es decir,  estamos hablando de legislador, gobernador, en ese caso, por cuestiones constitucionales se establece un plazo de 6 meses, durante los cuales, éste funcionario debe acreditar haberse sometido de manera inmediata a un tratamiento de rehabilitación y que ese tratamiento a los 6 meses continúa satisfactoriamente"."Por otro lado, en el caso de aquellos funcionarios que no tengan mandato popular, sino que tengan otros mecanismos de designación, que puede ser por decreto, o en el caso del Defensor del Pueblo que lo vota la Legislatura provincial, en esos casos, se lo somete a un sumario administrativo médico reservado, y durante ese sumario queda suspendido en sus funciones, hasta que realmente se determine que está en condiciones de rehabilitarse para el ejercicio de la función pública".El legislador planteó que "estamos viendo en medios de comunicación nacionales, distintos hechos que se vinculan al narcotráfico y donde siempre se está de alguna manera diciendo esto no podría ocurrir si no hubiera connivencia de la clase política". "Entonces, este es un modo muy claro a través del cual nosotros planteamos una diferencia y nos preguntamos qué compromiso puede tener en la lucha contra el narcotráfico un funcionario que depende de una droga ilegal para su subsistencia física, o psíquica a través de la adicción".  "Obviamente el que está consumiendo drogas ilegales se las compra a alguien, de alguna manera, tiene un vínculo aunque sea con el eslabón más pequeño del narcotráfico, en consecuencia,  a través de este proyecto de ley queremos establecer claramente que los funcionarios no tengan vínculos personales con el consumo de drogas ilegales y esto me parece importante como mensaje a la comunidad".Recalcó que el proyecto va dirigido "a los funcionarios que hoy están en funciones, y a los legisladores y es un mensaje claro que desde la clase política estamos dando a través de este proyecto de ley diciendo yo personalmente no tengo adicciones y por ende en principio no tengo ningún grado de vínculo con los sectores del narcotráfico".Sánchez aclaró que el funcionario de acuerdo con el resultado del examen "puede apelar" porque "es un derecho que tiene la persona de decir no estoy de acuerdo con este resultado, no tengo vínculo ni consumo de drogas y puede impugnar por los medios procesales que nuestra legislación procesal, administrativa y penal tiene a disposición un imputado, porque en definitiva, de algunas manera esto puede dar lugar a que un fiscal de oficio pueda intervenir".Finalmente remarcó que lo que "pretendemos con este proyecto de ley Nº 3054/14 "es dar un mensaje claro de la clase política respecto de estas cuestiones" señaló el diputado Ricardo Sánchez.