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Retroceso en la conducción civil de la seguridad pública

Con la designación del Comisario Inspector Marcelo Andrés Churín como secretario de Seguridad Pública, por decreto 1678 del 14-08-2013, en reemplazo del escribano Javier Oteo, se produjo una vuelta atrás en el paradigma de  la conducción civil de los asuntos de seguridad, una de las principales banderas de la reforma del sistema de seguridad chaqueño.

Al colocar a un policía en actividad al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, el poder ejecutivo convirtió en letra muerta el artículo 15 de la ley 6.976 y puso un gran signo de interrogación sobre el futuro del nuevo modelo de seguridad democrática.Pero eso no fue todo. Es muy difícil de entender  la designación de un superior jerárquico de Churín como Jefe de Policía. Por decreto 1675/13 se designó en el cargo de máximo conductor de la fuerza policial al Comisario General Gustavo Damián Peña. Mientras que otro superior de Churín asumió como Subjefe a través del decreto 1677/13: el Comisario General Ariel Alejandro Acuña.Estas designaciones pusieron en crisis aspectos claves del régimen disciplinario policial,  como ser el orden jerárquico, la superioridad policial  y la ética profesional, provocando una situación inédita en la institución: un subalterno del Jefe y Subjefe de Policía pasó a ser conductor de ambos como Secretario de Seguridad, estando los tres funcionarios en actividad, y designados al mismo tiempo por el poder ejecutivo.Una situación semejante era impensable en la Policía. El mensaje puertas adentro de la institución fue impactante y demoledor. En un mismo acto se destruyeron los dos modelos: el tradicional de conducción policial y el nuevo modelo de conducción integrado por civiles sin estado policial.La designación de Churín al frente de la Secretaría de Seguridad Pública provocó la reacción del bloque del Frente Grande en la Cámara de Diputados. Los diputados Bolatti y Trabalón presentaron el 20-09-2013 el proyecto de ley 3560/13 de modificación del artículo 15 de la ley 6.976, con la pretensión de obligar al poder ejecutivo a designar como Secretario de Seguridad Pública a un funcionario civil sin estado policial, con acuerdo legislativo, con la expresa prohibición de ocupar el cargo al personal retirado de alguna fuerza de seguridad o policial.Un proceso similar se vivió en el Servicio Penitenciario Provincial, que venía funcionando prácticamente en un estado de acefalía en la conducción del organismo desde la designación de Peña en la Jefatura de Policía. El 04-11-2013 se inicia la normalización  con el ascenso a Comisario General y la designación como Director General de Jorge Ibarola a través del decreto 2644/13, y de la misma manera ascenso a Comisario General y designación como Subdirector de  Miguel Ángel Cañete, a través del decreto 2645/13.Mientras que el 6 de enero de 2014 se produce  el desplazamiento de Juan Carlos Goya del cargo de subsecretario de Asuntos Penitenciarios, y la designación en su reemplazo -por decreto 10/2014- del Comisario Mayor Juan de la Cruz González.Ese mismo día se produjo también la remoción del comerciante Aldo Luis Asano del cargo de subsecretario de Asuntos Policiales, y la designación en su reemplazo por decreto 11/2014, del Comisario General retirado Jorge Edmundo Caballero.Con todas estas medidas se ignoró lo establecido en la ley 6.976 de dar prioridad a civiles sin estado policial dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Este retroceso en la  conducción civil de los asuntos de seguridad, produjo al mismo tiempo un freno en la implementación de la ley de seguridad democrática.A más de dos años de la promulgación de la ley 6.976, esta ingresó en un proceso de incumplimiento crónico, sin ninguna causa o circunstancia conocida que lo justifique, y sin ningún tipo de explicación a la comunidad chaqueña.*Contador PúblicoPolicías AutoconvocadosVecinos Autoconvocados
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