"Gatopardismo" organizacional en seguridad pública

Con la designación del Secretario de Seguridad y la constitución del Consejo Provincial de Seguridad Pública, que se concretaron a fines de mayo de 2012, el Gobierno generó expectativas de cambio que con el transcurrir del tiempo se fueron desvaneciendo. La ratificación del ex secretario de Seguridad Javier Oteo y de la cúpula policial hacían presagiar que nada iba a cambiar, cuando lo aconsejable hubiera sido el desplazamiento del Jefe y Subjefe, y, de los Directores Generales de la Policía, a los efectos que un nuevo secretario de Seguridad Pública -civil sin estado policial- tuviera el camino liberado para restructurar efectivamente la fuerza policial, reasignando roles y funciones sobre la base de las nuevas estructuras establecidas en la ley 6.976. Solamente el entonces Jefe de Policía Héctor Hugo Lisboa presentó su renuncia luego de un cruce de declaraciones públicas con el ratificado Secretario de Seguridad, y evidentemente por no sentirse contenido en el nuevo sistema de seguridad pública. Tras la renuncia de Lisboa, quien hasta ese momento se desempeñaba como Subjefe,  Ramón Alegre, pasó a ser Jefe de Policía, mientras el entonces Director General de la Policía Caminera, Gustavo Peña, fue designado Subjefe de Policía. Este último, el año pasado reemplazó a Alegre como máximo conductor de la fuerza policial, mientras el Comisario Inspector Marcelo Churín reemplazó a Oteo en la Secretaría de Seguridad. Con los funcionarios que estaban en la Policía en 2012, duramente criticados por el gobernador Capitanich en marzo de ese año cuando se presentó el proyecto de ley de seguridad pública,  se pretendió implementar el nuevo modelo de seguridad pública. Craso error, porque con más de lo mismo el resultado no podía ser muy distinto del que se daba en ese momento. Una de las pocas novedades se produjo el 2 de Julio de 2012 con la designación  de cuatro subsecretarios con dependencia directa del secretario de Seguridad Pública, con los que aparentemente se buscaba conformar el nivel estratégico de la nueva conducción superior y administración general del sistema de seguridad. Pero los decretos de designación se limitaron a  identificar a los cuatro funcionarios, sin precisar misión, funciones y estructuras de las nuevas subsecretarías, por lo que no es posible conocer cuáles son sus obligaciones y facultades, ni los recursos humanos con que cuentan para gestionar. Tres funcionarios designados ya venían desempeñándose en el ámbito del Ministerio de Gobierno: Mauro Flores pasó a ser subsecretario de Seguridad Pública y Participación Comunitaria por decreto N° 1364/12, Juan Carlos Goya asumió como subsecretario de Asuntos Penitenciarios a través del decreto N° 1365/12 –renunció en enero este año y fue reemplazado por un funcionario penitenciario retirado- y  Juan Manuel Chapo fue designado subsecretario de Seguridad Vial por decreto N° 1363/12. El  comerciante Aldo Luis Asano, que venía desempeñándose como titular de la comisión de seguridad de la Cámara de Comercio de Resistencia, fue designado subsecretario de Asuntos Policiales, a través del decreto N° 1362/12. A principios de este año, Asano fue reemplazado por un oficial superior retirado de la Policía provincial. La designación de los cuatro subsecretarios debió haber provocado el desplazamiento de la cúpula policial y penitenciaria, para permitir la restructuración del sistema de seguridad. Pero otra vez nada ocurrió, y comenzó a gestionarse el servicio de seguridad pública con un doble comando político, institucional y operacional. El Gobierno nunca explicó por qué y para qué apuró tanto la sanción de una nueva ley de seguridad pública, para prácticamente no hacer nada por implementar el nuevo modelo en materia estructural, funcional, educativa, administrativa y de control de la Policía. Las acciones encaradas desde la promulgación de la ley 6.976 fueron escasas. En síntesis fueron la reglamentación parcial de la ley, la creación de cargos con la consecuente designación de algunos funcionarios, y la  realización de varias reuniones del Consejo Provincial de Seguridad Pública. En este contexto, la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas sociales. Al mismo tiempo no existe ninguna evidencia de la contribución legislativa para una mejora de la seguridad pública. Solo es posible advertir que existió un hecho político de cambio para que nada cambie. Livio T. FernándezContador PúblicoPolicías AutoconvocadosVecinos [email protected]