Ministerio de Seguridad inestable

El cargo de ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad es uno de los más inestables del gabinete provincial, a tal punto que el promedio de duración de los ministros del área es de un año y tres meses aproximadamente, mientras que los secretarios de seguridad y los jefes de policía duraron en promedio un año y medio aproximadamente.Algunos ministros  no alcanzaron a hacer pie en el cargo y tuvieron que irse, mostrando el flanco más débil de un gobierno que al mismo tiempo pudo exhibir logros en otras carteras ministeriales.La gestión de Juan Manuel Pedrini fue la de mayor duración, aunque el saldo de la gestión en el área de seguridad pública fue absolutamente deficitario en términos de disminución en los niveles de seguridad preventiva y de mayor inseguridad. Fue el principal impulsor de la reforma del sistema de seguridad, y renunció a fines de junio de 2013 sin poder cumplir y hacer cumplir mínimamente la ley 6.976.Quienes  lo sucedieron en el Ministerio de Gobierno, Marcos Verbeek y  Lidia  Cáceres, que no habían participado activamente en el proceso de reforma,  estuvieron alrededor de seis y cinco meses al frente del Ministerio respectivamente, y no lograron continuar con la dinámica del cambio en el sistema de seguridad.Mediante varios decretos del poder ejecutivo,  Pedrini  había propiciado la reglamentación parcial de la ley 6.976. Fueron 51 los artículos reglamentados sobre un total de 180 (uno de forma), que representa aproximadamente el 28% del articulado de la ley.El decreto 1055/12 del 22-05-2012 reglamentó el Consejo Provincial de Seguridad Pública (1 artículo); el decreto 703/13 del 25-04-2013  reglamentó varios artículos (25);  el decreto 706/13 del 25-04-2013 reglamentó el régimen disciplinario policial, el procedimiento disciplinario, la organización y funcionamiento de la Dirección de Control Policial (13 artículos); el decreto 738/13 del 29-04-2013 reglamentó el sistema de seguridad privada (12 artículos).O sea que la mayoría de los artículos de la ley 6.976 –aproximadamente el 72% - se encuentran pendientes de reglamentación e implementación, existe  una paralización del proceso de reforma desde mediados de 2013, y hasta algún retroceso en ciertos temas.Una de las últimas normas reglamentarias dictadas -el decreto 755/13 del 02-05-2013- aprobó la estructura organizativa del área de "Control Policial" como organismo "sin nivel", que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, con autoridad sobre dos organismos, también "sin nivel", denominados "Tribunal de Disciplina Policial" y "Auditoría de Asuntos Internos".El Observatorio sobre Violencia y Seguridad Pública, y, el Instituto Superior de Seguridad Pública,  creados por los artículos 18 y 25 de la ley 6.976,  a pesar que están en etapa de organización, todavía no fueron reglamentados dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad.El 9 de octubre de 2013 durante la jornada "Trabajo de fiscalías, policía y ciudadanía por más seguridad" desarrollada en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia,  el gobernador Capitanich anunció la constitución del Observatorio de Violencia y Seguridad Pública, cuyo coordinador dijo sería Sergio David Pérez.También había dicho que se pondría en marcha  la Dirección de Control Policial, que estaría a cargo Daniel Toledo, y, que se completaría con los responsables del Tribunal de Disciplina Policial y la Auditoria de Asuntos Internos.Luego de esos anuncios nada se supo sobre el funcionamiento  del Observatorio de Violencia y Seguridad Pública, y de la Dirección de Control Policial,  el grado de avance en el proceso de implementación de ambos organismos y los resultados alcanzados.La inestabilidad en la conducción política del sistema de seguridad conspiró contra las mejores intenciones  de llevar adelante el proceso de reforma instaurado por la ley 6.976. El rédito político por la apropiación del discurso del cambio quizás rindió sus frutos para algunos. Pero nadie se hace cargo de los costos sociales por la improvisación y el apuro en un  comienzo, la ineficacia en el cumplimiento de las metas del proceso después, la superposición de normas existente y la degradación del sistema de seguridad pública sobrevinientes.*Contador PúblicoPolicías AutoconvocadosVecinos [email protected]
Contacto: Cel. 3624-333226P/D: Capítulo 11 de la serie "Seguridad pública en el Chaco: crónica de un fracaso anunciado", documento que avanzará con sucesivas entregas en la descripción del proceso de reforma del sistema de seguridad, su reglamentación e implementación, y que a su vez  con un enfoque técnico intentará un acercamiento al diagnóstico de la situación actual de la seguridad pública y un análisis crítico del sistema imperante, al cumplirse dos años de la promulgación de la ley 6.976.