La justicia porteña suspendió las aplicaciones de delivery

Un juez ordenó suspender la actividad de reparto de mercaderías y entrega de sustancias alimenticias a domicilio en bicis y en motos que son utilizadas por Rappi, Pedidos Ya y Glovo, en toda la Ciudad de Buenos Aires. También dispuso que Visa, Mastercard, American Express suspendan y bloqueen las operaciones de esas empresas porque considera que no cumplen con la legislación vigente. La resolución del juez Andrés Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, llega en época de feria judicial para cumplir con lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en la causa denominada "Envíos Ya" y le solicita a la Policía de la Ciudad que ejecute operativos para detectar infractores y le pide a las compañías la nómina completa de los repartidores. El fallo que tomó difusión tras la publicación de Diario Judicial, se conoce la misma semana que un empleado de Glovo fue atropellado y la firma le solicitó conocer el estado del pedido. Por el caso, la empresa emitió un comunicado en el que reconoció su error. Gallardo aclaró que las tres empresas de delivery que no cumplen con la Ley 5526, pueden conseguir una rehabilitación provisional si presentan la lista completa del personal afectado en dos días. Tienen que acreditar que están registrados en cumplimiento de las normas laborales y previsionales. También deben probar que entregaron a cada conductor casco e indumentaria con bandas reflectivas reglamentaria, caja portaobjetos reglamentaria con sistema de ajuste al vehículo, comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos del trabajo vigentes y copia de las libretas sanitarias. El magistrado le prohibió a las compañías de delivery que sean los empleados los que tengan que conseguir sus elementos de trabajo y cuidado para circular en el tránsito. "Queda expresamente vedado a las empresas citadas obligar a los empleados a costear las provisiones establecidas", sentenció en ese sentido. En cuanto a la Policía, ordenó que se dispongan operativos en la vía pública, para identificar a ciclistas y motociclistas que estén trabajando en el transporte de mercadería y verificar si lo están haciendo en las condiciones de seguridad necesaria. En el caso de incumplimiento, solicitó a la fuerza de seguridad que decomise la caja portaobjetos y su contenido. Las empresas deberán pagar una multa de diez mil pesos mediante el embargo en sus cuentas bancarias por cada irregularidad detectada. Luego se decidirá el destino tendrá ese dinero. La resolución responde a la presentación de un amparo colectivo de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que solicitó la habilitación de la feria judicial para que se cumpla la cautelar de la Cámara de Apelaciones, dictada el 6 de diciembre de 2018.