La "extinción de dominio" por decreto

En primer lugar, la Constitución Nacional faculta al Presidente de la Nación a dictar decretos de necesidad y urgencia "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes" (art. 99 inc. 3). Como puede observarse, tales "circunstanciales excepcionales" están ausentes al punto tal que el año pasado lo que se pretende imponer ahora por decreto fue discutido en el Congreso de la Nación: el Senado rechazó el proyecto que había tenido media sanción en Diputados. Por otro lado, si lo que pretende reglar el decreto es de suma urgencia, bien podría el Presidente convocar a sesiones extraordinarias para que el proyecto sea nuevamente tratado.Observará el lector que el razonamiento implícito en el argumento del Presidente es perverso: sería urgente (y necesario) todo decreto cuando el objeto del mismo fue rechazado previamente por el Congreso al no aprobar el proyecto en cuestión; ergo, el Presidente asume la función del Congreso cuando pierde una votación en el Parlamento.En segundo lugar, la Constitución Nacional después de establecer las excepciones recordadas que facultan al Presidente a dictar decretos de necesidad y urgencia expresa tajantemente que ello es así siempre y cuando "no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos" (art. 99 inc. 3). Justamente, el decreto anunciado por Macri incorpora una acción en el contexto de un proceso penal imponiendo, por su intermedio, la privación de la propiedad de quienes aún no fueron declarados culpables. Como puede apreciarse, la Constitución (sabiamente) no habla de normas penales sino de normas "que regulen la materia penal", comprendiéndose así a los delitos penales, pero también al procedimiento penal establecido para el juzgamiento de aquellos delitos. En tercer lugar, el decreto establecería que la extinción de dominio puede operar retroactivamente (hasta quince años hacia atrás, dijo la Ministra Seguridad), lo que afecta los derechos adquiridos por cada uno de los futuros afectados. (Nobleza obliga, debo decir que la retroactividad en materia penal fue defendida, tristemente, por el Congreso y por el Poder Ejecutivo con posterioridad al fallo Muiña" de la Corte Suprema -sobre el "2x1" a represores- y convalidada, luego, por dos jueces de la Corte).En consecuencia, como el decreto es inconstitucional porque (1) legisla sobre materia penal; (2) es retroactivo; (3) fue dictado al margen de los presupuestos excepcionales que habilitan al Presidente a dictar DNU, quienes resulten afectados en el futuro plantearán que, mientras no sean condenados, el decreto en cuestión ha lesionado (4) su propiedad la que, salvo situaciones de expropiación, es "inviolable" (art 17, Const. Nacional), obligando así al Estado argentino –o sea a todos nosotros- a tener que pagar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.  
El decreto del Presidente Macri implica decretar la defunción del Congreso como órgano supremo de la democracia. La oposición debería enseñarle al Presidente que la reforma constitucional de 1994 restringió las atribuciones del Poder Ejecutivo, incorporando, p. ej., la figura del Jefe de Gabinete (art. 100), quien debe refrendar los decretos firmados por el Presidente (art. 99 inc. 3) y que está sujeto, si así lo decide el Parlamento, a una "moción de censura" (art. 101). En otras palabras, el art. 101 de la Const. Nacional reformada en 1994 establece que por mayoría de cualquiera de ambas Cámaras del Congreso se puede iniciar una moción de censura contra el Jefe de Gabinete pudiendo éste ser destituido si ambas Cámaras así lo deciden, también por mayoría absoluta de sus miembros.  Obsérvese que no se trata de un "juicio político" -donde se debe probar la culpabilidad del enjuiciado por un hecho por el que se lo acusa- sino de una "moción de censura", esto es, una declaración que destituye al Jefe de Gabinete por no contar éste ya con el apoyo del Congreso (de una manera similar a como el Presidente puede destituir a un ministro)."Cambiemos" no tiene mayoría en el Congreso. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, es un funcionario de extrema confianza del Presidente Macri, sentado ayer en primera fila cuando se anunciaba el decreto. Tal vez sea hora que el Parlamento –activando el procedimiento del art. 101-, si el decreto termina siendo sancionado (lo que requiere la firma de Marcos Peña), destituya al Jefe de Gabinete, acordando de común acuerdo con el Presidente un nuevo funcionario que represente también a la oposición (ésa es la razón misma de la figura del Jefe de Gabinete cuando el Presidente no tiene mayoría en el Congreso). De ese modo, podría ser posible, aunque parezca utópico, que los poderes políticos comiencen a construir puentes entre los argentinos bloqueando, al mismo tiempo, el afán de muchos por destruirlos.(*) Abogado. Profesor de Derecho Penal (UNNE – UCP).