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Procesaron a la anarquista que puso una bomba en un cementerio

Por varios delitos.

Anahí Salcedo, la anarquista que puso una bomba en el cementerio de Recoleta, fue procesada por integrar una banda que intentó imponer sus ideas por la fuerza. También la procesaron por el delito de "estrago" en dos oportunidades: no solo por atacar la tumba de Ramón Falcón, sino por el atentado frustrado en la casa del juez Claudio Bonadio. El juez federal Julián Ercolini dispuso además un embargo sobre sus bienes, por la suma de un millón de pesos."Teniendo en cuenta la envergadura de la investigación llevada a cabo, los recursos humanos y técnicos de las fuerzas de seguridad que se encuentran afectados a las diversas tareas que fueran encomendadas en la presente, el costo de los peritajes que ya se han realizado, como así también aquellos que se encuentran en curso y los que sean susceptibles de realizarse en el futuro; todo ello sumado a los gastos en los que se incurrió para atender el estado de salud de Anahí Esperanza Salcedo, y los daños que fueron ocasionados al mausoleo de Ramón Falcón en el Cementerio de La Recoleta, y sus inmediaciones, estimo suficiente para cumplir con el objetivo de las previsiones legales citadas, fijar el embargo a mandar trabar sobre los bienes de Anahí Esperanza Salcedo en la suma de un millón de pesos", dijo el juez.TE PUEDE INTERESAR: Se viene un nuevo aumento de la luzSalcedo era la única de la banda de anarquistas que no había sido procesada. Es que las lesiones en su cara y la perdida de tres dedos en el atentado la obligaron a estar internada hasta que, finalmente, hace unas semanas estuvo en condiciones de prestar declaración indagatoria. Trasladada a la cárcel de Ezeiza, donde permanece, Salcedo fue notificada de su procesamiento.La semana pasada, la Cámara Federal confirmó las acusaciones y las prisiones preventivas de los otros acusados en el caso y se encaminan hacia juicio oral. Sin embargo, el juez todavía espera el resultado de una serie de medidas claves, como "el análisis de las comunicaciones efectuadas con los teléfonos celulares secuestrados en el marco de los allanamientos realizados en autos, de los que podría llegar a extraerse, en la eventualidad, información que pueda resultar útil para profundizar la investigación y las diligencias encomendadas a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal".