El Gobierno agiliza la recuperación de bienes del narcotráfico y la corrupción
Entró en vigencia el DNU de extinción de dominio.
El Gobierno apura la recuperación de los bienes que provienen de delitos graves como la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. Un día después de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre la extinción de dominio la norma fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que ya entró en vigencia.Se trata del Decreto 62/2019, que está pendiente de aprobación en el Congreso. La resolución determina la recuperación del patrimonio que se presume que proviene de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, cuyos responsables no puedan probar su origen lícito.TE PUEDE INTERESAR: La compra de dólares cayó 70% en diciembreDesde el Gobierno indicaron que la normativa apunta a cortar el sistema de financiación de las organizaciones delictivas nacionales e internacionales.El decreto habilita la creación de una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN) que funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación. Este organismo impulsará las investigaciones preliminares junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones.Los bienes alcanzados por la nueva acción civil son todos aquellos susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria. Incluye los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes mencionados.Los delitos abarcados por el régimen de extinción son los de la ley 23 737 de estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo.Incluye el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones Ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.En el anuncio en Casa Rosada, el Presidente dijo que "no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley" y que "los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente". "Que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga", afirmó.
