India: tres muertos y cientos de detenidos en protestas multitudinarias

Tres personas murieron y cientos han sido detenidas este jueves en una nueva jornada de protestas multitudinarias en la India contra la ley de ciudadanía, que permite conceder permisos a inmigrantes irregulares de países vecinos siempre que no profesen el islam. Las concentraciones suponen un aumento del pulso al Gobierno, ya que juntaron a decenas de miles de personas en distintos puntos del país, pese a la prohibición de manifestarse en partes de Nueva Delhi y en los Estados de Uttar Pradesh y Karnataka, y a los cortes de las comunicaciones móviles decretados por las autoridades. El desafío de la prohibición —rescatada de un artículo de una ley heredada del pasado colonial británico que impide las reuniones públicas de más de cuatro personas— ha supuesto la detención de centenares de manifestantes. En una reacción ciudadana que no se recuerda desde las marchas por la independencia, las protestas de estudiantes, académicos, grupos musulmanes y políticos se han multiplicado en las principales ciudades del país. Desde Bombay (oeste) hasta Calcuta (este) pasando por Bangalore (sur) y Nueva Delhi (norte), personas de todo credo, casta y grupo social se han manifestado contra una ley que, aunque solo discrimina a la comunidad musulmana (un 14% de la población del país), muchos consideran un golpe al espíritu secular de India. "Soy hindú, pero la ley de ciudadanía no es solo un ataque hacia nuestros hermanos musulmanes, sino una violación de nuestra Constitución. ¿Quiénes serán los siguientes?", expresó una estudiante de 21 años concentrada con varios compañeros, tanto musulmanes como hindúes, y otras 5.000 personas en August Kranti Maidaan, la misma explanada en la que Mahatma Gandhi inició el movimiento que daría fin al colonialismo británico en el subcontinente. "Hay que parar a este Gobierno y la violencia estatal contra las protestas pacíficas", manifestó. La modificación legal que ha originado las protestas, impulsada desde principios de año por el Ejecutivo del primer ministro Narendra Modi, concede asilo y ciudadanía a cualquier inmigrante irregular de Bangladés, Afganistán y Pakistán, siempre y cuando haya entrado en la India antes del 31 de diciembre de 2014 y no profese el islam. El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos la ha calificado de "fundamentalmente discriminatoria".