Comenzó un nuevo juicio oral contra el ex vicepresidente Boudou
Amado ya tiene una condena por la causa Ciccone.
El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, comenzó esta mañana a ser juzgado por tercera vez. En esta oportunidad por dos hechos: la presunta falsificación de un formularios para transferir un auto Honda y por la compra irregular en 2009 de 19 autos de alta gama para la flota del Ministerio de Economía cuando estaba a cargo de esa cartera.A las 10:35, el Tribunal Oral Federal 8 comenzó la audiencia. Boudou, que está detenido en Ezeiza desde ferero pasado, se sentó en primera fila junto con sus abogados.El juicio estará a cargo de los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez y del fiscal Abel Córdoba.TE PUEDE INTERESAR: Santiago del Estero: mujer emborrachaba y abusaba de dos hermanitosCabe destacar que el ex vicepresidente, ya tiene una condena a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone.Junto al ex funcionario kirchnerista son juzgadas otras nueve personas en las dos causas y se prevé que el proceso dure cuatro meses. Uno de los acusados es el ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo, quien había sido propuesto por la ex presidenta Cristina Kirchner para ocupar la Procuración General de la Nación pero el Senado rechazó su nombramiento.El caso del auto Honda se trata de las presuntas irregularidades que se asentaron en tres formularios para hacer la transferencia de un auto Honda modelo 1992. Por ese hecho, Boudou fue juzgado y en agosto de 2017 el Tribunal Oral Federal 1, por mayoría, lo sobreseyó.En el caso de la compra de los autos de alta gama -trece Bora, tres Passat, tres Vento-se sospecha que se hizo de manera irregular porque se realizó mediante una subasta directa, sin cumplir los procesos establecidos y con la concesionaria "Guido Guidi" que presentó un pliego de compra acorde a las condiciones del Ministerio de Economía.La cartera pagó 2.131.400 pesos y en el caso se juzgarán los delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
