Alberto Fernández avanza con la intervención del Servicio Penitenciario Federal
El presidente designó a María Laura Garrigós de Rébori, de Justicia Legítima, para el cargo.
El presidente Alberto Fernández nombró a María Laura Garrigós de Rébori, ex jueza de 66 años, como interventora del Servicio Penitenciario Federal, tras la renuncia del ex director Emilio Blanco, que dejó el cargo tras los motines de Devoto, en medio de las excarcelaciones con la excusa de la pandemia de coronavirus. Rébori, ex magistrada de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y fundadora de la agrupación kirchnerista Justicia Legitima, dependerá del Ministerio de Justicia a cargo de Marcela Losardo y tendrá un doble rol, interventora del Servicio mismo y titular de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Otra temática compleja que deberá afrontar la flamante interventora es la investigación por supuesto espionaje ilegal a políticos, periodistas y jueces durante el gobierno de Mauricio Macri. Justamente en el marco de esa investigación hoy se produjo un allanamiento a la cárcel de Ezeiza, buscando determinar si fueron espiados los presos kirchneristas. En esa cárcel estuvieron presos, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou, el hoy Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía y los empresarios Lázaro Báez o Cristóbal López. Garrigós de Rébori, ferviente admiradora de Cristina Kirchner, había respaldado el mes pasado las excarcelaciones con la excusa del coronavirus y fue crítica de las protestas en contra de esa medida, al afirmar que le "hacen perder la fe en la humanidad". "Se busca evitar lo que va a ser el contagio dentro de las cárceles, porque va a ser peor que en un geriátrico. En las unidades penitenciarias el aislamiento es imposible, por la superpoblación. No hay celdas individuales, comparten celdas comunes, el baño, el lugar donde se come. El aislamiento en los detenidos es inviable", argumentó durante una entrevista para respaldar la liberación de detenidos. Además, había dicho que el SPF, del que ahora estará a cargo, "no tiene instalaciones sanitarias para responder a esa demanda de salud". Para Garrigós de Rébori, mantener a los presos en esas condiciones era casi "una condena a muerte".
