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23 mil personas renunciaron a sus trabajos por acoso y discriminación

Un 70/ más de personas sufren hostigamiento laboral, lo que los lleva a renunciar de sus trabajos.

Durante el primer trimestre del 2019 se ha dado el mayor número de renuncias provocadas por acoso o discriminación en el mundo laboral del que se tiene registro en el mismo periodo en los últimos 10 años.

En enero, febrero y marzo de este año 23.534 trabajadores abandonaron su trabajo por haber sido hostigados sexualmente, o señalados por su apariencia física, raza, edad, orientación sexual, condición económica, cultura, religión, etcétera. La cifra representa un aumento del 70.5% con respecto al 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) consultados por el diario El Universal.

En 2018 12.808 trabajadores renunciaron por las mismas razones.

El sector de la población trabajadora más afectado fue el de las personas más jóvenes, con 15 a 29 años. Renunciaron 14.830 en el primer trimestre del año, lo que representa 63% de todas las dimisiones. En cuanto a género, alrededor de 13.400 personas que dejaron su empleo fueron hombres, y 10.100 mujeres, según publica Infobae.

¿QUÉ SE HACE EN ESTOS CASOS?

Lo que proyecta el incumplimiento a las normas establecidas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), organismo que plantea que las personas que perpetúen el acoso o discriminación deberían ser sancionadas. Y no se tendría que orillar a que las víctimas abandonen su empleo.

"Artículo 259 bis del Código Penal Federal. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días de multa", enuncia la normativa de la CONAPRED.

En caso de que existan quejas por hostigamiento o discriminación, las empresas tienen la obligación de investigar la veracidad de éstas, determinar su gravedad y emitir las sanciones ejecutivas o penales contra el acosador, siempre salvaguardando la integridad, derechos y espacio laboral del afectado.

En el caso de las personas reportadas por el INEGI, no hubo un mecanismo adecuado que impidiera su renuncia.

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