Repudian a la jueza Pereyra por otorgar la domiciliaria a un agresor
El acusado tendría asma.
Diversas organizaciones de mujeres de la provincia del Chaco repudian la decisión la jueza de Garantías N° 1, María de las Mercedes Pereyra, por otorgar la prisión domiciliaria a Mauro Martínez, en la causa "D.V.S. S/ DENUNCIA DAÑOS", Expte. N° 17945/2019-1 y sus agregados. En consecuencia, "denunciamos la violencia institucional que, sin dudas, ejerce esta magistrada, representante del Poder Judicial", señalaron. Según explicaron las denunciantes, a pesar de encontrarse detenido por esta causa y con prisión preventiva, desde el pasado 20 de abril, Pereyra dictó la resolución a favor de Martínez, en la que le otorga la prisión domiciliaria, bajo apercibimiento de cumplir con la medida de restricción de domicilio de la víctima. En los argumentos de dicha resolución, la jueza fundamenta el permiso otorgado al imputado en el hábeas corpus colectivo "en favor de las personas privadas de su libertad alojadas en las Comisarías y establecimientos penitenciarios de la provincia", interpuesto por la defensora General Adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirz, y al que recientemente dio lugar el Superior Tribunal de Justicia (STJ). TE PUEDE INTERESAR: Nuevo sistema de control y vallado en Resistencia También asegura que responde al planteo de la defensa de Martínez, que argumenta que el denunciado "padece asma", en un certificado otorgado por un cirujano plástico, y por tanto, debe ser incluido dentro los grupos considerados de riesgo, en el actual contexto de emergencia por Covid-19. "Sin embargo, la jueza no corrió vista a la fiscal ni a la víctima, acerca de la nueva situación del acusado. En ese sentido, acompañadas por abogados especialistas en materia de violencia de género, entendemos que la jueza de Garantías N° 1 no tenía competencia material, pues aún ni siquiera se había expedido el Equipo Fiscal interviniente acerca de lo requerido, resolviendo en consecuencia, un beneficio de prisión domiciliaria a favor del imputado, que trae, entre otros, un agravio concreto: la violencia institucional hacia la Victoria Deldo y la de su hija, menor de edad, poniéndola así, en un riesgo vital la integridad psico-física de ambas", explicaron en un comunicado. "El otorgamiento de la prisión domiciliaria es una decisión jurisdiccional que no puede tomarse de manera automática o irreflexiva, mediante la exclusiva invocación de que concurre en el caso alguno de los presupuestos legales que, en principio, habilitan su concesión, como se realizó en este caso. Su decisión no se encuentra fundada, porque no existieron motivos médicos ni normativos para brindarle al agresor este beneficio", agregaron.
