Sobre el error en un sorteo del Consejo de la Magistratura

Por Adrián Maximiliano Gaitán A los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco: De nuestra mayor consideración: Mediante la presente, me presento formalmente como representante de la Asociación Civil de Abogados Penalistas de la provincia del Chaco, siendo una entidad sin fines de lucro formada exclusivamente por abogados del foro de nuestra provincia que ejercemos el fuero penal, en virtud de haber tenido conocimiento de lo resuelto por este Alto Tribunal de la Provincia en la Resolución N° 233 de fecha 24 de abril del corriente año, en el cual se resuelve: "HACER LUGAR al recurso de revocatoria planteado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco respecto de la exclusión de la Doctora Ana María Ofelia Fernández, anulando el acta de sorteo de fecha 21 de abril de 2020 y disponer la realización de un nuevo sorteo para el día martes 28 de abril de 2020, a las 11, en el Salón de Usos Múltiples del Superior Tribunal de Justicia". Nos vemos en la obligación de tener que exponer nuestra postura al respecto, conforme la legitimación que nos brindan los colegas del foro penal que forman parte de esta Asociación, y ejercemos la profesión de abogados como auxiliares de los servicios de justicia y manifestar la preocupación que esta situación acarrea ante la representatividad que el Consejo de Magistratura representa como órgano constitucional para la selección o remoción de los magistrados de la provincia, principalmente por considerar que dicho organismo es creado a los fines de desvirtuar todo atisbo de imparcialidad judicial y esta conformación será quienes deban llevar adelante la elección del Juez del Superior Tribunal de Justicia, ante la vacante suscitada por el fallecimiento de la doctora María Luisa Lucas. Consideramos que lo sucedido y resuelto en la decisión judicial aludida permite inferir una situación irregular en la selección del representante del Poder Judicial, principalmente porque fuera realizado con posterioridad al sorteo y a las Actas que dieron fe legal de dicho sorteo, y no antes, situación que ya era conocía por los magistrados que estarían en la lista y la condición que figurarían en la misma, atento a que dicho sorteo ha sido de público conocimiento y dispuesto con anterioridad suficiente para que la Asociación de Magistrados ejerciera el adecuado control de sus asociados, toda vez que esto fuera resuelto y previsto mediante la Resolución N° 1811/2019 del STJ que dispuso que "el sorteo que determine un titular y un suplente correspondiente a magistrados de tribunales letrados, a efectuarse entre todos los jueces titulares de los juzgados letrados de primera, única o segunda instancia o de paz o de faltas -con exclusión de los legos-, se efectúe el día 21 de abril de 2020, a las 8, en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia". Por lo que llama la atención que recién en fecha 23 de abril del corriente año, con posterioridad a la realización de dicho sorteo, el presidente de la Asociación referida solicitara la remisión del acta de sorteo y el listado correspondiente, recién advirtiera que la doctora Fernández figuraba como juez suplente, atento al cargo que ocupaba en el momento de confección de la lista referida, por lo que con el respeto que el presidente de dicha Asociación se merece, pero debería aplicarse la máxima del derecho en cuanto a "que nadie puede alegar su propia torpeza" para reclamar, posteriormente, la anulación de un acto jurídico valido y consentido mediante la fe pública, máxime cuando el reclamante reconoce en su escrito postulatorio que el presente sorteo fuera notificado por EDICTOS al referir: "Sin perjuicio que dicha resolución fuera publicada por edictos, conforme consta en las constancias del expediente administrativo", y todos quienes ejercemos el derecho, principalmente si son jueces, sabemos que la notificación por edictos tiene por principal efecto que los interesados de un acto jurídico defiendan sus intereses, se apersonen ante una situación con relevancia jurídica y ejerzan sus derechos, si hay lugar a ello. Por lo que tanto la Asociación de Magistrados como incluso, la doctora Fernández si tenía interés en el reclamo efectuado en su nombre, debían hacerlo con la antelación necesaria tras la publicación de tales notificaciones. Lo que consideramos irregular, es el reclamo con posterioridad al acto jurídico del sorteo, y su asiento en el acta respectiva de los jueces desansiculados, pero principalmente la declaración de anulación de dicha acta dispuesta por los Jueces del Superior Tribunal De Justicia quienes han admitido esta "torpeza jurídica" dispuesta por la ausencia de reclamo en tiempo oportuno. Consideramos que al dictar la resolución referida, se han afectados Derechos Constitucionales que resguardan la imparcialidad judicial (Art. 18 C.N., Art. 8.1 C.A.D.H.) que permiten dar un resguardo de seguridad jurídica a la sociedad en su totalidad que confía en los mecanismos constitucionales para la designación de los jueces que deben impartir justicia en nuestra provincia del Chaco, bajo la impresión social y legal de la no conformidad con los jueces desansiculados en desmedro de su integridad como tales, y en desmedro de los mecanismos legales dispuestos para dar transparencia y legalidad a la conformación del Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento. Sin dudas que estas circunstancias son pasibles de ser entendidas como actos irregulares en el transparente sorteo del miembro representante del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura, toda vez que al conocer los Jueces que han salido designados como titular y suplente plantea dicho reclamo, incluso en detrimento no solo del derecho, sino también, de dos de sus asociados a la entidad que representa, siendo estas las juezas designadas en el sorteo referido la doctora María de las Mercedes Pereyra como titular y la doctora Natalia Analía Fernández Floriani, como suplente, respectivamente. Cabe referir y citar al fallo " Llerena" C.S.J.N. Que la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado. Que en este contexto, la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia. Así por ejemplo lo expresa Ferrajoli: "es indispensable para que se garantice la ajenidad del juez a los dos intereses contrapuestos... Esta imparcialidad del juez respecto de los fines perseguidos por las partes debe ser tanto personal como institucional" (Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, trad. Ibáñez, Perfecto Andrés, Trotta, Madrid, 1995, p. 581). En este sentido, "la garantía del juez imparcial, en sintonía con los principios de juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del justiciable que le asegure plena igualdad frente al acusador y le permita expresarse libremente y con justicia frente a cualquier acusación que se formule contra aquél" (Fallos: 326:3842, disidencia de los jueces Maqueda y Vázquez). Que la opinión dominante en esta materia establece que la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo del imputado- en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático". Esta transparencia se debe cuidar desde sus inicios, con más razón por los órganos encargados de custodiarla, como son los jueces, mediante el mecanismo de su selección, elección y remoción. También cabe referir, que la presentación que diera lugar a la Resolución referida la habría presentado la Asociación de Magistrados firmada por su presidente, sin que se refiera, por inexistente, algún tipo de reclamo formal a la misma de la magistrada Ana María Ofelia Fernández, que diera la correcta legitimidad para reclamar algo en su nombre, máxime cuando en el listado de Magistrados expuestos y habilitados para ser elegidos, conforme el Anexo de dicha resolución, se encontraban otros funcionarios judiciales en la misma situación que la Jueza Fernández, que figuraban como suplentes, como por ejemplo, la Dra. LOCKETT OLGA SUSANA - Juez Civil y Comercial N°20 – Suplente, la Dra. MORO MIRIAM RAQUEL - Juez Civil y Comercial N° 22 - Suplente, la Dra. GOMEZ SIL VANA CAROLINA -Juez del Trabajo N° I -Suplente, el Dr. SILVESTRI ERNESTO PEDRO DANIEL -Juez del Trabajo N°2 -Suplente, al igual que la Dra. FILIPCHUK MONICA MARICEL —Juez Civil y Comercial N° 1— Suplente de la Segunda Circunscripciónjudicial. Sin embargo, llama la atención que la Asociación de Magistrados solo reclamara por la doctora Fernández, a pesar de no haber existido reclamo de su parte siendo que la misma ostentaba al momento de haberse confeccionado la lista cuestionada, el cargo de jueza SUPLENTE de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, por lo que su inclusión en ese carácter, era el correcto. Por ello, no es adecuada como cierta la afirmación expuesta por la Asociación de Magistrados de que la misma fuera "excluida deliberadamente", principalmente porque no fuera excluida de la lista, por lo que resulta inadecuado dar por fundamento para anular tal acto jurídico del acta del sorteo, considerar un "error" dicha situación por la simple razón de que no sucedió. Al solo efecto de dejar en claro nuestra postura sobre la Resolución N° 233/20 del STJ, considerando la posibilidad de rever la misma a los fines de devolver la transparencia y legitimidad al acto de sorteo realizado para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco que representan al Poder Judicial de la Provincia. Me despedido de ustedes, con atenta consideración y respeto.