Desestimaron denuncia contra Juan Acosta por promover la marcha contra la "infectadura"

El fiscal Federico Delgado desestimó una denuncia que se había hecho contra el actor Juan Acosta, por haber llamado en redes sociales a marchar contra el aislamiento y romper la cuarentena, en sintonía con una solicitada de políticos e intelectuales que hablaron de "infectadura". Con ese dictamen, el juez Daniel Rafecas firmó este miércoles la resolución en donde se dispuso el cierre del caso. La denuncia se abrió a raíz de un correo electrónico que se envió el 17 de junio de 2020 a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Horacio Azzolin. El mail decía: "Les escribo para denunciar que el actor Juan Acosta está incitando en redes a romper la cuarentena, mediante un mensaje sedicioso en el cual el actor exhorta a copar "el obelisco y todas las plazas del país, en pos de los 'derechos constitucionales'". "A mi entender y por eso les acerco las pruebas, esto va más allá de reclamar diferencias ideológicas, sino más bien que va a perjudicar a un gobierno mediante la comisión del posible delito de atentado contra la salud pública, estrago, rebelión/sedición para provocar una crisis institucional". El mail también decía que "todo esto se da en el marco de intelectuales", tales como Sandra Pitta, Juan José Sebrelí y demás al hablar de 'infectadura', poniendo en duda la cuarentena y las medidas adoptadas gracias al consejo de profesionales infectólogos; un juego retórico peligroso que provoca estos actos de rebelión". Y reclamó que la fiscalía de oficio actuara frente a "este atropello institucional". Enterado de la denuncia, un grupo de diputados de la oposición que firmaron la famosa solicitada de infectadura había presentado el martes una autodenuncia para que también a ellos los investigaran. La presentación fue hecha por los diputados Waldo Wolff, Alberto Asseff, Fernando Adolfo Iglesias, Luis Mario Pastori, Adriana Noemí Ruarte y Héctor Antonio Stefani. "A tres meses de iniciada la cuarentena no existe ninguna justificación que ampare el empleo de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para perseguir penalmente a quienes pretenden manifestarse", dijeron los legisladores en el escrito. "No podemos consentir que esa circunstancia sea utilizada para erradicar el disenso ni suprimir las garantías constitucionales a la libre expresión y al derecho de peticionar ante las autoridades. Por las razones expuestas, y de entender el Sr. Fiscal que existe alguna conducta que deba ser investigada, solicitamos que se nos incluya entre los imputados".