Pidieron la detención del ex gobernador Peralta y otros funcionarios kirchneristas
Por sobreprecios en la Usina de Río Turbio.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ante el juez Claudio Bonadio la detención e indagatoria de Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Mayoral, del ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, del empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), de Ernesto Maxit de la misma empresa, de Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT), entre otros.La solicitud se realizó en una causa por sobreprecios en la Usina de Río Turbio, una fallida promesa energética de Cristina Kirchner.La causa tuvo sus vericuetos judiciales, ya que el juez Bonadio sobreseyó a los acusados pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez reclamó su apertura y la Cámara porteña hizo lugar.TE PUEDE INTERESAR: Tras la suba del dólar, operadores turísticos celebraronAnte esta circunstancia, el magistrado ordenó realizar una pericia para determinar si efectivamente hubo sobreprecios en la obra que prometía generar 240 MW.El fiscal determinó que dichas irregularidades "permiten sospechar" que el gobierno de Cristina Kirchner "buscó beneficiar a Isolux Corsán". Los acusó además de proceder coordinadamente para "desviar el interés público generando un perjuicio millonario a las arcas del Estado y el consecuente beneficio económico ilegal de quienes gozaron de las prerrogativas otorgadas por fuera de los canales lícitos que regular las contrataciones de obra pública".En este contexto, Marijuan solicitó la indagatoria y prisión preventiva de Julio De Vido (preso por defraudación), Roberto Baratta (preso en la causa de los cuadernos), Jorge Mayoral (ex secretario de Minería), el ex gobernador Daniel Peralta y ex interventor de YCRT, Rolando Aramini, Atanasio Pérez Osuna, Miguel Ángel Larregina, Néstor Prades y los ex responsables de Isolux Ernesto Maxit y Juan Carlos De Goycochea (recientemente excarcelado en la causa de los cuadernos).Al momento de justificar el pedido de detención, señaló que existen "riesgos procesales" y señaló que ante "las características de los hechos y el perjuicio provocado al erario público" resulta "procedente el encarcelamiento de las personas y el llamado a indagatoria".
