Descubren irregularidades en Registros de la Propiedad Automotor
Por casi un millón de pesos.
En noviembre, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), resolvió intervenir el Registro de la Propiedad Automotor de Barranqueras (RPA), el presidente de la DNRPA, Carlos Gustavo Walter, lo hizo con el argumento de que tras una auditoría del organismo, se encontraron "irregularidades de carácter técnico registral que se vinculan a la errónea percepción de aranceles", por casi un millón de pesos.Según una investigación de Infobae.com, los investigadores descubrieron que en el RPA de Barranqueras que era manejado por Juan Carlos Ayala, entre septiembre y octubre de 2015, "se comprobó que el señor Ayala no efectuó el depósito de las recaudaciones, procediendo a suscribir plan de pago por 760.375 pesos en doce cuotas, con los intereses y punitorios, que a la fecha del control se encontraba cancelado".La auditoría reveló que se verificó una falta de coincidencia entre el sistema de cálculo del cobro del Impuesto de Sellos de la Administración Tributaria Provincial y los montos de sellado, incluidos con dos aranceles en el recibo que emite SURA.De esa forma, durante el período enero de 2015 a diciembre de 2016, se arrojó una diferencia en defecto de $194.707, monto respecto del cual Ayala solicitó nuevo plan de pagos, también en doce cuotas.
Estas irregularidades abrieron otras investigaciones que revelaron que hay al menos cuatro casos de registros irregulares en el RPA de Barranqueras, y dos de ellos están vinculados con la política provincial.Por un lado, está el caso del vehículo registrado en la calle Monteagudo 346 en Resistencia, que está a nombre de E.A.F, una mujer que es empleada en relación de dependencia de un dirigente del peronismo y titular del Registro de la Propiedad del Automotor N°2. El segundo caso irregular es el de un vehículo registrado en la calle Las Heras 370, que está a nombre de F.G.B., hijo de un dirigente político.Los Registros de la Propiedad Automotor fueron privatizados en 1983 y desde esas décadas se sospecha que los gobiernos los utilizan para el otorgamiento discrecional de titularidades de vehículos irregulares.
