Presunto fraude millonario con jubilaciones del Servicio Penitenciario

La investigación la realiza el juez federal Claudio Bonadio y se registraría en el Servicio Penitenciario Federal. Más de 250 agentes cobraban haberes hasta tres veces superiores a lo que ganaban en actividad.Se trata de una defraudación al Estado en la que estarían involucrados funcionarios, abogados y jueces.De acuerdo a lo que difunde Infobae, Bonadio investiga una increíble defraudación al Estado Nacional por la cual más de 250 agentes retirados del Servicio Penitenciario Federal perciben jubilaciones hasta tres veces superiores a lo que ganaban estando en actividad. La diferencia en desmedro de la Anses por estas maniobras irregulares es de casi 4.000.000 pesos por mes. Es decir unos 50.000.000 por año.De la presunta asociación ilícita para realizar este ardid delictivo, según la denuncia que realizó el propio Departamento de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del alcalde mayor Miguel Ángel Perrotta, participarían jueces federales, secretarios letrados, abogados e integrantes de Gendarmería Nacional que eran los encargados de verificar los domicilios denunciados por los ex carceleros que fijaban direcciones falsas en Formosa y Chaco, porque en esos juzgados los magistrados fallaban rápidamente a favor de medidas cautelares para "reajustes de haberes" presuntamente "mal liquidados" por la ANSES. En esos expedientes, se daban por cierto los dichos de los "actores" y no se investigaba, no se solicitaban antecedentes, por ejemplo al Servicio Penitenciario Federal.La maniobra madre era la siguiente: se sumaban cada uno de los decretos que le otorgaban el aumento a esa fuerza federal. Cuando, en realidad, cada nuevo decreto invalida al anterior.De esa manera, los funcionarios retirados conseguían multiplicar varias veces el sueldo que les correspondería cobrar según su escalafón y que los autoriza a percibir, a través de la Anses, el 82% móvil.En el expediente ya está acreditado que el secretario de un juzgado era amigo personal del abogado –casualmente un ex miembro del Servicio Penitenciario Federal- que representaba a la mayoría de los que reclamaban; y que uno de los beneficiados, que cobraba una jubilación mayor a los 150.000 pesos, era beneficiario de "un Programa Hogar (GARRAFA SOCIAL) desde octubre de 2017".Otro, en cambio, fijó su domicilio en la ciudad de Formosa, en la casa de dos abogadas, que además eran funcionarias públicas.La causa que instruye Bonadio investiga la posible existencia de "una organización coordinada para perjudicar al erario público valiéndose de figuras como la -mala fe procesal-, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la estafa procesal para malograr tendenciosamente el dinero destinado al pago de los retiros del personal penitenciario".

TE PUEDE INTERESAR: ¿Biglia o Lo Celso?, Sampaoli prueba para el debutLAS MANIOBRASEn el expediente, la maniobra delictiva se describe de la siguiente manera:1) Personal Retirado o en actividad del Servicio Penitenciario Federal cobra sus haberes los cuales se encuentran discriminados por rubros de acuerdo a diferentes roles, funciones o especialidades.2) En general, los aumentos de haberes se materializan a través de decretos firmados por el Presidente de la Nación el cual fija coeficientes que son volcados en distintos caracteres (remunerativos o no, bonificables o no). Y cada decreto invalida al anterior. En los reclamos, en cambio, se pedía sumarlos.3) En los juicios iniciados en la Provincia de Formosa, para fijar la competencia del Juzgado Federal de dicha provincia solo se le requiere a los actores que manifiesten su domicilio real. En algunos casos, Gendarmería Nacional concurre supuestamente a los domicilios fijados a realizar la constatación. Una vez allí y ante cualquier persona que responde a sus llamados y que simplemente pueda decir que la persona requerida no está pero que efectivamente vive allí, sin realizar una constatación formal y personal, se otorga la competencia territorial pretendida.4) Se ha detectado que existen agentes domiciliados en la casa del abogado apoderado, otros domiciliados en inmuebles propiedad o administrados por el mismo abogado, domicilios de retirados fijados en domicilios de personal en actividad de la Unidad 10 –Cárcel de Formosa- y también, en un caso particular, es en la mismísima sede penitenciaria donde un ex agente supuestamente vive.5) Una vez fijada la competencia, el juez ordena se liquide conforme a lo peticionado, sin dar traslado del expediente principal durante años. De esa manera se inicia un trámite de alta administrativa donde se establece cuánto se le debe pagar solo en base a sus dichos y expectativas.6) Es tal el descaro con que los actores eligen "cautelarse" en Formosa que actualmente se consultan en redes sociales (Facebook) si les conviene reclamar en la Provincia de Formosa o en la Provincia del Chaco, según la velocidad con que salen fallos acordes a sus intereses.DOMICILIOS FALSOSLos abogados que representaban a los agentes retirados del SPF ya habían detectado que en los juzgados federales 1 y 2 de Formosa, que estaban vacantes y eran subrogados, junto a otros de Corrientes y Chaco, eran los más permeables del país para que de manera expeditiva se diese curso a los pedidos de reajustes jubilatorios y sin la mínima investigación previa.¿Existía algún tipo de dádivas para que esto ocurriese? Es lo que deberá establecer el juez Bonadio.Lo cierto hasta ahora es que casi 300 agentes retirados fraguaban sus domicilios para fijar la competencia de la demanda en esas provincias y en esos juzgados.TE PUEDE INTERESAR: Ley CRES: el Frente Gremial denuncia "presión" de diputados y MosquedaHAZTE AMIGO DEL JUEZEn la denuncia de Asuntos Internos del SPF se describe que los juzgados Federales números 1 y 2 de la Ciudad de Formosa; y el Juzgado Federal Número 2 de la Ciudad de Resistencia, entre otros, podrían estar vinculados con las maniobras y por esa razón el juez Bonadio investiga:-Al "abogado apoderado en cada una de estas aventuras jurídicas, el Prefecto retirado José Luis Di Marco, amigo en la Red Social Facebook del secretario del juzgado federal número 2 de Formosa".-Al secretario de ese juzgado, Edgardo Juvenal Dantiak, "donde se producen estas resoluciones que perjudican al Estado Nacional".El sumario y la denuncia de Perrotta destaca que "solo las medidas cautelares otorgadas por el Juzgado Federal 2 de Formosa asciende a 262".De acuerdo con el cálculo que agregado a la causa, "la distorsión que se produce entre el último haber abonado previo a la fijación de la medida cautelar y el haber de retiro mensual que actualmente cobran los 262 agentes penitenciarios retirados, cautelados solo en la Provincia de Formosa, y más precisamente en sentencias otorgadas por el Juzgado Federal 1 y 2 de esa Provincia, asciende a la suma de $3.824.043/mes. Dinero que es aportado por INSSJP de forma solidaria con nuestra caja de retiros".Una verdadera millonada de pesos, ya que si se suman los montos otorgados solo en dos años que se investigan, el total asciende a casi los 100.000.000 de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Para los fanáticos: AFA lanzó una aplicación para seguir el MundialEN EL JUZGADO DE BONADIO TAMBIÉN SE INVESTIGA-Al abogado Patricio Esteban Miño, "actor en causas contra el Estado Nacional e impulsor de denuncias como apoderado de retirados penitenciarios y contra funcionarios públicos". Perrotta explica que Miño, además, "es empleado del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, de Formosa, funciones que son incompatibles entre sí".–Juan Carlos Vallejos, que es el juez de Corrientes y es subrogante en los juzgados 1 y 2 de Formosa y a veces de Chaco, donde también se produjeron estas irregularidades.Vallejos quedó a cargo del juzgado correntino después de ser destituidos los jueces Graciela Beatriz Duarte y Humberto de Biase Echeverría, por otorgar más de 17.000 medidas cautelares en favor de gendarmes y prefectos en una operatoria similar a la que ahora denuncia el jefe de auditores del SPF.Fuera de la denuncia tampoco quedaron los responsables de velar por los intereses del propio SPF. INDAGATORIASPor todas estas anomalías, el SPF, a través del Departamento de Asuntos Internos ya le solicitó al juez Bonadio que "se cite a los funcionarios identificados, a los abogados apoderados de las partes actoras y –de corresponder- al juez federal subrogante a cargo del Juzgado Federal 1 y 2 de la Provincia de Formosa –Juan Carlos Vallejos- y a su secretario –Edgardo Juvenal Dantiak- a prestar declaración indagatoria y a tenor de lo que exponga, oportunamente se la procese elevando estas actuaciones a un Tribunal Oral que por sorteo corresponda".TE PUEDE INTERESAR: Se incendió su casa y murió asfixiada