Gustavo Martínez insiste en suspender las PASO, ¿por el gasto?

Tras proponer un proyecto de ley, el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez insiste en la voluntad de Corriente de Expresión Renovada (CER), espacio político que lidera, de suspender por un año las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en Chaco.

Entre los motivos, el "Gustavismo" destaca la "delicada situación económica y social por la que atraviesa el Chaco" y, "la sobreabundancia de sufragios que puede repercutir negativamente en una baja participación del electorado".

Lo cierto es que estas declaraciones fueron expresadas, mientras que la Legislatura de la provincia está entre las que más gasta a nivel nacional, con un promedio de 63 empleados extras por cada legislador. Asimismo, la presidenta de la entidad, Élida Cuesta, quien a su vez es la esposa del intendente, paga casi 5 millones por mantener su imagen pública.

"Las primarias generan un gasto que, en lo que respecta al Chaco, serán alrededor de 10 mil millones de pesos entre publicidad, financiamiento de los partidos, impresión de boletas y demás gastos operativos y administrativos, y todo eso lo tiene que pagar el Estado", detalló Martínez, dejando de lado  lo que actualmente se paga por las sesiones de la Legislatura que se trasladan hasta el interior provincial, en un promedio de más de 4 millones por sesión.

Por último, Martínez señaló que "hay que hacer una sola elección general en la provincia y que ese mismo día se hagan todas las elecciones a gobernador, intendente, diputado, concejales y terminemos de una vez para seguir trabajando al lado de la gente y resolver sus problemas".

Por su parte, Cuesta, quien también encabeza el CER que responde a Martínez, recordó la baja participación del electorado provincial en las últimas primarias manifestando que "tras dos años de pandemia debemos enfocarnos en resolver los problemas económicos y sociales que nos dejó este flagelo".

"Ahorrar al Estado el gasto que representan las PASO y que esos montos se destinen a otras áreas más sensibles y que los problemas de la política se resuelvan hacia adentro de los partidos políticos", finalizó.

La legislatura del Chaco es una de las que más gasta

Chaco se encuentra entre las provincias argentinas con mayor gasto legislativo, al destinar $206,9 millones anuales por cada funcionario, un monto 14,5 veces mayor que Santiago del Estero, donde son $14,3 millones, según un informe de la Fundación Libertad, una entidad privada sin fines de lucro.

A nivel país, en promedio, hay 25 trabajadores por legislador, pero Chaco supera ampliamente ese número y se ubica en el top de las provincias con la mayor cantidad de empleados por funcionario, ya que la planta de personal del Poder Legislativo asciende 2.001 trabajadores, lo que significa que posee 63 personas por cada uno, donde se tienen en cuenta a secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios.

Los datos sorprenden a la ciudadanía pero no así a la presidenta de la Legislatura, Élida Cuesta, esposa del intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, quien paga  $645 mil mensuales a un "community manager" para que le gestione las redes sociales.

Debajo de estas escalofriantes cifras de Chaco, se encuentra Catamarca con 54 y Santa Cruz con 38. En el otro extremo, aparece Córdoba con 7 empleados por legislador, Entre Ríos con 8 y Mendoza con 12.

El promedio general indica que en Argentina, cada legislador provincial recibe una inversión del Estado de $108 millones anuales. Mientras que el costo para mantener la estructura legislativa es de $125.726 millones. Para dimensionar, eso es 2,4 veces el presupuesto anual de España para la totalidad de sus comunidades autónomas.

Si se tiene en cuenta que el total de diputados y senadores de las jurisdicciones en cuestión es de 1.163, esto implica que cada uno de ellos tiene un costo de $108 millones al año. O, en otras palabras, equivalente a $9 millones mensuales. 

La provincia más costosa por legislador es Tucumán, con $273,8 millones anuales. Le siguen Chaco ($206,9 millones) y Buenos Aires ($202,2 millones). Un legislador tucumano cuesta 5,5 veces lo que uno de Jujuy. En el otro extremo, es decir, las que registran menor costo por legislador son Santiago del Estero y San Luis, con erogaciones de $14,3 y 18,7 millones anuales respectivamente.