Juntos por el Cambio pidió juicio político para Alberto Fernández
"Rebasó los límites tolerables", dijeron desde la coalición opositora, tras la comparación que hizo el Presidente entre los fiscales Nisman y Luciani.
Juntos por el Cambio pidió formalmente este jueves, ante la Cámara de Diputados, el juicio político contra Alberto Fernández, luego de que el Presidente pidiera que el fiscal Diego Luciani, que investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner, "no se suicide como el fiscal Alberto Nisman".
En una conferencia de prensa, los principales referentes de la bancada opositora en la Cámara Baja anunciaron la decisión.
"No vamos a permitir que el kirchnerismo avance sobre la Justicia. El Presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un Poder que tiene que ser independiente", sostuvo el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.
Por su parte, Ricardo López Murphy aseguró que el presidente "rebasó los límites tolerables, no solo por la violación de la división de poderes, sino por la liviandad con la que trató el magnicidio del fiscal Nisman".
El pedido de juicio político contra el Presidente fue firmado por los diez jefes de bloque que integran el interbloque de Juntos por el Cambio en el Congreso.
No obstante, es casi nula la chance de que avance el pedido, ya que el oficialismo tiene mayoría en la Comisión de Juicio Político, de modo que la oposición ni siquiera podría sacar dictamen para ir al recinto, donde además necesitaría dos tercios de los votos.
Por su parte, el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, señaló que desde Juntos por el Cambio pretenden "ubicar la máxima responsabilidad que fija la Constitución para un presidente que no cumple con lo que ordena la Carta Magna", y agregó: "Lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente".
Además de las declaraciones sobre el fiscal Luciani y la comparación con la muerte de Nisman, los referentes opositores acusan al Presidente de incumplir con el artículo 109 de la Constitución, que establece que "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".
