Para Aradas la escuelas públicas pierden frente a las de gestión social

Este viernes, el diputado provincial Alejandro Aradas aseguró que "las escuelas públicas están perdiendo la batalla", ya que "no tienen luz, agua potable o no funcionan los baños". En ese contexto, el funcionario se reunió con vecinos del Gran Resistencia, quienes les manifestaron la falta de mantenimiento en los establecimientos barriales.

"Las escuelas de los barrios no tienen luz, no tienen agua potable o no funcionan los baños", comenzó diciendo Aradas durante su reunión con vecinos de Resistencia.

"Recorrimos varias instituciones educativas del Gran Resistencia y todas tienen problemas edilicios muy graves, se nota sobre todo en las Escuelas que se encuentran en los barrios más alejados del centro", sostuvo y agregó: "Para colmo vemos como ganan terreno las Escuelas de Gestión Social que son más flexibles a la hora de exigencias educativas y muy laxos a la hora de exigir al alumno en cuestiones de contenidos".

Sobre las escuelas de Gestión Social, el diputado radical menciono que "están dirigidas por referentes piqueteros amigos del Gobierno" y por ese motivo "les brindan total apoyo en materia edilicia , playones deportivos , aulas nuevas, mientras las escuelas públicas se caen a pedazos".

"No solo están lastimando la carrera docentes con los aumentos miserables que les otorgan, sino que vemos con gravedad el cierre de cursos por falta de matriculas que ven a las escuelas sociales con mayor facilidad y menos exigencias para educarse, las escuelas públicas necesita inversiones importantes, en calidad educativa, en tener docentes bien pagos y tener edificios que cubran las necesidades básicas para que los docentes y alumnos puedan desarrollarse en condiciones normales", concluyó Alejandro Aradas.

El Gobierno mejoró la oferta salarial y espera una respuesta

El ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons encabezó dos nuevas reuniones de política salarial. En esta oportunidad, recibió a representantes de gremios judiciales y de la administración pública provincial, a los que presentó una nueva propuesta, y quedó a la espera de la respuesta.

En una primera instancia, se retomó el diálogo con sindicatos que nuclean a empleadas y empleados del poder judicial provincial y, en un segundo momento, las autoridades recibieron a delegadas y delegados de ATE, UPCN y UPCP.

Desde el Gobierno indicaron que "en la pauta general se mejoró la oferta respecto a la semana pasada".

El ofrecimiento realizado comprende un piso salarial del 42% con aumento del 15% en marzo e incrementos en julio, octubre y diciembre. Además, se propone un aumento de $2.000 remunerativos en marzo a traspasarse al salario básico 50% en mayo y 50% en septiembre. Asimismo, se ofrece un incremento de $3.000 en concepto de refrigerio para febrero y agosto, por lo que pasaría a valer $12.500 en febrero y $13.500 en agosto.

Tras el encuentro, acordaron pasar a un cuarto intermedio para analizar y brindar una respuesta. 

EL GOBIERNO VOLVIÓ A ASEGURAR QUE LOS SALARIOS LE GANARÁN A LA INFLACIÓN

"A través del diálogo buscamos definir una respuesta salarial que pueda beneficiar a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores. Nuestro compromiso, como en 2021, es que el sueldo pueda ganarle a la inflación", destacó Pérez Pons.

En la misma línea, remarcó que "el compromiso desde el Gobierno es la defensa del poder adquisitivo de las familias".

"Queremos cuidar el bolsillo de las familias chaqueñas por ello, con ambos sectores, nos comprometimos a hacer una revisión en el último trimestre del año para equiparar los montos si se presentarán nuevas variaciones en las condiciones económicas", afirmó.

Con respecto a las propuestas del 2021, la política salarial general permitió defender el poder adquisitivo de las y los trabajadores y fortalecer el salario mes a mes. Se llegó a más de 20 acuerdos sectoriales que permitieron que la absoluta mayoría obtenga un incremento mayor a la inflación.

La recomposición salarial del 2021 implicó un aumento escalonado del 40% al básico y el otorgamiento de sumas fijas remunerativas y bonificables, garantizando así un piso de recomposición del 50%. Además, se alcanzaron acuerdos sectoriales para atender demandas particulares de cada dependencia, bonos que se acreditaron al total de las trabajadoras y trabajadores, más un aumento del 91% en el concepto de refrigerio, que pasó de $5.500 a $10.500.