Carta abierta de una enfermera a la secretaria de Derechos Humanos

Por Mónica Hernández.

A la secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez:

Me dirijo a usted, para darle a conocimiento sobre mi situación actual.

Mi nombre es Mónica Alejandra Hernández, de 45 años, domiciliada en Sáenz Peña, divorciada, sin hijos.

Trabajé 20 años como enfermera del área de Laboratorio del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

Padezco una enfermedad base, artritis reumatoidea y atrosis, osteoporosis, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, neumonía, con diferentes politraumatismos, como consecuencia de las mismas enfermedades, fractura de rótula izquierda, fractura de codo derecho, fractura de fémur izquierdo y escoliosis.

Estos diagnósticos cronológicos originaron una discapacidad motriz, por lo que me he visto en dificultad para realizar tareas pertinentes en mi lugar de trabajo, en el Hospital "4 de Junio", donde he prestado servicio durante 20 años como personal polivalente.

Debido a mi enfermedad, fui solicitando licencias, presentando a la oficina de Recursos Humanos certificados médicos e historias clínicas, para luego solicitar una Junta Médica y así acceder a una jubilación por discapacidad.

Dicha documentación fue extraviada en reiteradas veces, motivo por el cual, la solicitud nunca fue tenida en cuenta, más allá de todos los temas relacionados con la burocracia e ineptitud ejercida por el personal a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, Sandra Beatriz Duarte, de quien he recibido malos tratos, dirigidos hacia mis familiares que fueron a acercar la documentación extraviada, como hacia mí, teniendo que presentarme en silla de ruedas con una enfermera particular y ante escribana pública, para dejar asentado que sí presentaba las historias clínicas.

La solicitud para la Junta Médica fue realizada en el mes de septiembre del año 2017 y en diciembre del mismo año, hecho que tuvo lugar recién en el mes de enero de 2019 donde tenía cita para el día 10 de enero, a las 15, y como no contaba con los recursos para ir de forma particular, solicité una ambulancia para que me trasladara al Hospital Perrando en Resistencia.

Al principio obtuve respuesta a mi pedido, pero a la hora de salir para la Junta Médica, me informaron que no hay ambulancia para trasladarme (Jefe A/C de movilidad, Noelia Santa Cruz), por lo que me vi obligada a buscar algún vehículo que me trasladara.

Le pedí al señor director si podía proveerme de vales de nafta para cargar combustible de un auto particular que me facilitaron, me dijo que sí, pero con el correr de las horas, debí partir sin ellos, porque se acercaba el horario que debía estar presente para la Junta Médica.

Cuando ya estaba a 40 kilómetros de Sáenz Peña, el director del Hospital 4 de Junio, Carlos Navarrete, me llamó por teléfono a las 13, para avisarme que tenía los vales de nafta, siendo que yo estuve en el hospital a las 7, porque se suponía que a las 8 debía salir en ambulancia hacia Resistencia.

Todo ese tiempo estuve sentada en una silla de ruedas en un pasillo frente a la Dirección del Hospital, tratando de solucionar los problemas que se iban presentando con respecto al trámite que debía realizar.

Como consecuencia de estar tanto tiempo en espera, al padecer una insuficiencia renal, tuve un accidente miccional y me vi obligada a cambiarme e higienizarme en el mismo hospital. Toda esa peripecia tuve que sufrir, debido a la inoperancia y mala voluntad de la gente que está a cargo de este ente.

Una vez realizada la Junta Médica, los médicos apreciaron mi diagnóstico a simple vista e informaron una discapacidad del 70%.

Todo el año 2019, 2020 y lo que llevamos del 2021, tuve que hacer y rehacer mi legajo con todos los duplicados, triplicados, cuadruplicados, porque no se les daba curso y volvía a cero, tanto que he desaparecido del sistema de Salud y hubo una acción obligada de volver a hacer un decreto, para que se me reconociera como empleada del Hospital "4 de Junio", después de 20 años de servicio.

También desaparecí del sistema de la obra social de Insssep, siendo que tuve cuatro cirugías (una ginecológica en Instituto Santa María, dos por traumatismo de codo en Sanatorio Loma Linda y una por traumatismo de fémur en UME). Todas ellas, con adquisición de prótesis, pero nada de ello figuraba en el sistema de la mutual.

En todo este período, padecí la indiferencia tanto de los directores, como la de algunos médicos, cuando me vi internada por neumonía y me dieron el alta antes de tiempo, porque consideraban incómoda mi presencia en la sala, debido a que mucha gente se solidarizó conmigo.

Tanto es así, que dos días después del alta, sufrí una descompensación en la calle cuando había asistido justamente a hacer un trámite para veracidad de los hechos que estaban sucediendo. En ese momento me encontraba acompañada de una enfermera particular y con ella acudimos al Instituto Santa María en busca de ayuda. Al no encontrarse en ese momento el médico clínico que podría atenderme, acudí al consultorio de la doctora María Elena Calvo, de especialidad reumatóloga, quien me trataba en ese tiempo y me había visto en interconsulta con clínica médica del Hospital, negándose a atenderme. Se dirigió hacia mí de espaldas, diciéndome que ella no ve la parte clínica y que lo que refiere a mí en reumatología estaba controlado, que no podía atenderme en la clínica, por lo que le pedí si podía verme en el consultorio del hospital y me dijo que no.

Todo esto manifestado en un pasillo lleno de pacientes que escucharon y observaron su mal proceder ante mí, faltando así al Juramento Hipocrático, y siendo que ella antes de ser especialista en reumatología, realizó la residencia de clínica médica. Así que no puede ser que me diga que no le corresponde atenderme en un estado de urgencia.

Por tal motivo, también solicito denunciarla al Colegio Médico, por accionar un proceder contrario a su profesión.

Después de lo sucedido volví a mi domicilio y en horas de la siesta volví a tener una descompensación. Debieron internarme en el shockroom del Hospital "4 de Junio".

En estos momentos me encuentro sin tratamiento, debido a que no cuento con los recursos económicos para realizarlos.  Tampoco puedo acceder a un tratamiento complementario de kinesiología, como tampoco cuento con los medios para pagar un enfermero que me asista en mi domicilio.

He recurrido a los medios radiales y digitales para dar a conocer mi situación, como también he elevado nota en consideración a la ministra de Salud, Paola Benítez, como también al director del Insssep, Antonio Morante.

Estuve afiliada a los gremios de UPCP, APTACH, ATE y del único que obtuve respuesta, fue de UPCN, al cual también estoy afiliada.

En cierta oportunidad, mientras esperaba para ser trasladada a Resistencia, solicité hablar con el señor Gustavo Duarte, representante gremial, sede Sáenz Peña, en su oficina de Contaduría, a quien le pedí interviniera ante las autoridades para regularizar mi situación, pero obtuve como respuesta, comentarios sarcásticos y burlas con respecto a mi pedido.

Al dialogar con los directivos del Hospital para informar en qué estado me encontraba frente al doctor Medina, debí tolerar la interrupción de la doctora Villaverde, acotando que todo lo que yo estaba informando era mentira, siendo que me encontraba frente a ella en silla de ruedas acompañada por mi mamá. Mi familia sufrió las consecuencias. Los hacían ir y venir con los papeles que extraviaban.

En una ocasión, la señora Sandra Duarte citó a mi hermano las 12, en su oficina, para cumplimentar datos y él pudo observar cómo se retiraba del nosocomio, cinco minutos antes de la hora pautada, en su auto.

Cabe destacar que una vez fui citada por Sandra Duarte al concurrir al Hospital con la excusa de que ella me ayudaría a hacerme atender con un médico, porque me encontraba mal, por lo que me mandó a buscar en ambulancia con el chofer Néstor Guevera, sin camilla, teniendo que treparme para subir al interno, porque estoy sin masa muscular de extremidades inferiores.

Ese día ella, se quedó conmigo 2 horas esperando en el consultorio del doctor Torresgrossa,  haciéndome creer que sería para estabilizar mi salud y resultó que era para realizar una historia clínica falsa, donde él refiere a mi enfermedad como médico de cabecera. Siendo que la traumatóloga que me atendió y operó es la doctora Gabriela Ramírez.

Por eso, solicito una sentencia penal, ya que según el Código Civil dispone una pena de 3 a 6 años de cárcel por alteración y falsificación de documentación pública.

En estos momentos no me encuentro bien de salud, no puedo trasladarme de forma independiente y tampoco cuento con medios para acceder a tratamientos adecuados.

Además de tener que solventar gastos para realizar trámites, solicitando la presencia de escribano público y enfermeros particulares para que me acompañen, debo padecer maltrato y abandono de persona, de parte de la institución a la cual serví la mitad de mi vida.

Sin otro particular y en espera de una pronta respuesta los saludo atentamente.

Mónica Alejandra Hernández

D.N.I. 24.576.574