Una pericia determinó que no fue el prefecto preso el que disparó a Rafael Nahuel
Se trata del joven que murió en medio de un desalojo en noviembre de 2017, en las afueras de Bariloche.
La investigación por el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrida el 25 de noviembre de 2017 en un predio de Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, ocupado por una comunidad mapuche, dio un giro en las últimas horas, a raíz de una pericia clave.
A más de tres años del hecho, la Justicia recibió un informe que determinó que la bala que mató al joven no salió del arma que llevaba Javier Pintos, el efectivo de Prefectura que estuvo acusado y preso por el crimen.
La pericia estableció que, en realidad, el disparo había salido del arma de uno de sus compañeros, cuya situación ahora podría agravarse. No obstante, confirma la hipótesis de que el tiro salió desde las fuerzas de seguridad.
Rafael Nahuel tenía 22 años y murió por un disparo que le ingresó por el glúteo cuando se encontraba en el predio acompañando a sus familiares en un reclamo por tierras.
El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2017, el mismo día en que en Buenos Aires enterraban los restos de Santiago Maldonado, el joven artesano que había desaparecido en agosto de ese año y cuyo cuerpo fue encontrado 78 días después en las aguas del río Chubut.
Para esa altura, el gobierno de Mauricio Macri ya había denunciado el conflicto mapuche y la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendía la actuación de las fuerzas de Gendarmería en la causa Maldonado.
El 10 de noviembre de 2017, el lof Lafken Winkul anuncio que había realizado la «recuperación territorial» de una zona cercana a Villa Mascardi que integraba el Parque nacional Nahuel Huapi. El 23 de noviembre, más de 300 agentes federales, pertenecientes a la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, procedieron al desalojo y detuvieron a un grupo de personas. El 25 de noviembre hubo un nuevo procedimiento que incluyó disparos de balas de goma y de plomo. Ahí fue herido y muerto Rafael Nahuel.
La causa judicial tuvo sus vaivenes. El juzgado federal de Bariloche, entonces a cargo de Leonides Moldes, había procesado a integrantes del Grupo Albatros por homicidio agravado por el uso de armas, cometido en exceso de legítima defensa. En ese grupo se encontraban Carlos Sosa, Sergio García, Juan Obregón Sergio Cavia y Francisco Javier Pintos.
En esa resolución la Cámara también había dicho que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, tuvo "un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial (…) con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados" sentenciando "mediáticamente que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes".
