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Federación Sitech certificó el dictado de una diplomatura sin instrumento legal

La supuesta capacitación se da en el interior.

Federación Sitech, a través de la constatación de una escribana pública, certificó que el dictado de la Diplomatura Superior en Pedagogía y Educación Social, que dicta el sindicato Fesich, en el interior, de más de 4 mil docentes, no tiene instrumento legal. Por lo tanto, el gremio que conduce Eduardo Mijno, ratifica su denuncia al ministro de Educación Farías y a su gremio amigo, por estafa, advirtiendo que pese a las dos denuncias realizadas, el ministro mantiene silencio.El martes 26 de septiembre, representantes gremiales de Federación Sitech se constituyeron en la Secretaría General del Ministerio, donde Edith Martínez de Almada, ante el requerimiento de la resolución que avala la diplomatura en cuestión, manifestó que "aquí no llegó, no pasó nada", "con absoluto desprecio al pedido realizado", señalaron.TE PUEDE INTERESAR: Vuelven los feriados puentes para el 2018Tramite similar se realizó en la Dirección de Nivel Superior y "en una situación anormal", no había funcionario a cargo que pueda dar respuesta al requerimiento. Ante ello, fueron atendidos por una empleada de la repartición que manifestó desconocer el instrumento legal de la Diplomatura, por lo que se concluyó que "la inscripción, el cobro, y el dictado de la diplomatura carece de legalidad y sufre de nulidad absoluta en cuanto a que ningún instrumento legal puede actuar con retroactividad, salvo que el ministro pretenda regularizar por fuera de la ley y disfrazar un instrumento legal inventando una resolución", explicaron desde el sector."Esta maniobra de inventar instrumentos legales está en sintonía con otra acta notarial del 30 de junio de 2017, en la que se corroboró que no existe un registro o libro de notificaciones de las resoluciones que garantice la existencia de las mismas y que consecuentemente trae inseguridad jurídica, no solamente para las docentes sino para todos los empleados del Ministerio de Educación. Es moneda corriente la reserva del número de resoluciones, que no se sabe cuál es su contenido pero que después son implementadas como instrumento legal válido, por lo que advertimos al ministro que de concretarse alguna maniobra de esa naturaleza va a ser denunciada penalmente por falsificación de instrumento público", indicaron.