El fiscal federal Gustavo Corregido, quien investiga supuestos hechos de corrupción en el manejo de tarjetas alimentarias, comunicó al gobierno que decidió apercibir a las autoridades del Nuevo Banco del Chaco y del Ministerio de Desarrollo Social por no haber contestado hasta ahora a requerimientos de información planteados en el marco de esa causa penal.

Una fuente ligada a la investigación indicó que la decisión sobrevino luego de una insistencia del fiscal mediante oficios dirigidos al presidente del banco provincial, Juan Carlos Saife, y la ministra Beatriz Bogado. En paralelo, Corregido notificó de esas circunstancias al gobernador Jorge Capitanich.

En el expediente están imputados y fueron indagados el ex ministro de Desarrollo Social Aldo Leiva (actual presidente del Partido Justicialista del Chaco e intendente de General San Martín), y dos de los subsecretarios que tuvo durante su gestión: Gustavo Carballo (ahora diputado provincial) y Miguel Colman. El mismo trámite deberán cumplir en las semanas siguientes los propietarios de 23 comercios en los que se utilizaron las tarjetas que formaron parte de la maniobra denunciada.

Según lo investigado hasta el momento, el Estado habría sido perjudicado en una cifra cercana al medio millón de pesos mediante el uso fraudulento de 2.787 tarjetas magnéticas que debían ser entregadas a familias de escasos recursos económicos para la compra de alimentos, y que sin embargo habrían sido utilizadas por otras personas para beneficio propio.

Datos importantes
Los datos que Corregido pidió al Nuevo Banco del Chaco y al Ministerio de Desarrollo Social son importantes para la causa, porque permitirían configurar mejor cuáles son los delitos cometidos y de qué modo se perpetraron, e incluso podrían permitir la apertura de nuevas investigaciones sobre hechos no detectados hasta ahora.

La fuente consultada, por ejemplo, dijo que la información pendiente de recepción desde el Ministerio de Desarrollo Social se relaciona con el manejo de los fondos que la Nación depositaba cada mes para financiar el funcionamiento de las tarjetas. “Hasta ahora, por ejemplo, no se sabe si todos los recursos enviados por el gobierno nacional iban a cubrir los consumos de las tarjetas, o si hay dinero que se destinó a otros destinos o a otras cuentas”, indicó.

Las 2.787 tarjetas utilizadas en la maniobra que se analiza en el expediente eran parte de una emisión de más de 30.000 plásticos efectuada en 2008 para ir modificando gradualmente el sistema de ayuda alimentaria del Estado a familias pobres o indigentes. La idea fue -y sigue siendo- sustituir las clásicas entregas de bolsas o cajas de mercaderías, con la adjudicación de tarjetas, algo que reduce el clientelismo político, transparenta la participación de comercios en la provisión de esos alimentos (ya que los son los titulares de los plásticos quienes eligen dónde comprar) y permite a los beneficiarios acceder a tipos de alimentos que no pueden ser entregados en cajas (por ejemplo, carnes, verduras y frutas).

Registros electrónicos
Cada tarjeta se carga mensualmente con un cupo de gasto de 60 pesos, y los comercios que adhieren a la operatoria tienen la obligación de exigir a quien hace compras con esos plásticos que exhiba su documento de identidad. Sólo los titulares que figuran en las tarjetas pueden operar con ellas.

Lo que se descubrió en 2009 fue que miles de tarjetas no habían sido entregadas a sus titulares, pero que aun así estaban siendo utilizadas en muchos comercios, a los que el Estado les pagaba de ese modo consumos que no se sabe quién los realizaba. Se ignora también si los plásticos eran usados para que personas no necesitadas compraran alimentos, o directamente para quedarse con el efectivo una vez que el Estado pagaba las sumas debitadas.

Algo de todo eso podrá develarse si el Banco del Chaco responde a un requerimiento de Corregido dirigido a conocer cuáles son las registraciones electrónicas que quedaron de los usos de las tarjetas irregulares. Si, por ejemplo, resulta que los pagos de ese tipo se hacían en distintos horarios del día, cabrá suponer que las tarjetas fueron repartidas a distintas personas que usaban de ellas. Si las operaciones aparecen casi todas concentradas en un único momento, eso sugerirá que se las tomaba y se las hacía pasar una detrás de la otra por los lectores de bandas magnéticas, para acumular rápidamente los montos que luego se le cobrarían al Estado.

Este mes comenzarán a declarar los empresarios que también forman parte de la investigación. El primer turno será para el dueño de la proveedora El Cohete, de Fontana, un comercio que pese a ser muy conocido fue el que más facturó dentro del paquete de operaciones bajo sospecha.

(Diario Norte)